El Presidente Sebastián Piñera, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, presentó este viernes la nueva Reforma Procesal Civil y la Reforma al Sistema de Nombramiento de Jueces para entregar más y mejor acceso a la justicia.

“Va a permitir a las personas y especialmente a los grupos de clase media y más vulnerables poder acceder con más facilidad, rapidez, eficacia y equidad a la justicia”, precisó el Mandatario, quien expresó que ambas reforman buscan modernizar el sistema judicial chileno y “equiparar la cancha” en el acceso a la justicia.

En esa línea, el Jefe de Estado argumentó que juicios tan importantes para las personas como los relacionados a negligencias médicas, as particiones de herencia, las liquidaciones de sociedades conyugales, los conflictos de arriendo, las cobranzas de deudas, entre otros, son muy caros y engorrosos para la inmensa mayoría de los chilenos.

Así, el gobernante ejemplificó que hoy día un procedimiento judicial ordinario toma 417 días, lo que se podría reducir a 70 días con esta reforma, o los procedimientos sumarios, que toman 258 días, se van a reducir a 35 días en promedio con la iniciativa.

“Esta reforma al agilizar la solución de las controversias judiciales que afectan a las empresas, al sector productivo, va a tener un muy positivo impacto en la capacidad de invertir, de crear empleos y crecer”, afirmó Piñera.

“Con esta reforma vamos a reemplazar por completo el actual Código de Procedimiento Civil, que data del año 1903 y que responde más a la realidad del siglo XIX que a las necesidades del siglo XXI”, indicó.

En tanto, se buscará modernizar con una reforma el Sistema de Nombramiento de Jueces, donde ahora se buscará fortalecer los principios de transparencia, publicidad, mérito, igualdad de oportunidades y debido proceso en la designación de los jueces.

Contempla la creación de una comisión Nacional de Nombramientos Judiciales, autónoma e independiente y mantiene el actual sistema de nombramiento de ministros de la Corte Suprema y fiscales judiciales, en que participan los 3 poderes del Estado, incorporando la realización de concursos públicos.