Este jueves al mediodía, el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Peribonio, rindió la Cuenta Pública de la gestión institucional correspondiente al año 2020, ocasión en que anunció la creación de una Unidad Especializada en Materias Municipales para intensificar la capacidad del organismo para la persecución de delitos que ocurren en el ámbito de la administración municipal.

También, para determinar la interposición de las acciones civiles que procedan para la recuperación de los montos defraudados y lograr una mayor coordinación con los organismos competentes, que permitan fortalecer sus actuaciones judiciales.

A la fecha, el Consejo registra 489 asuntos que podrían constituir delitos en el ámbito de la administración municipal, concentrados en 18 municipalidades del país. De estos, 171 se refieren a eventuales delitos de fraude al Fisco; 136 a malversación de caudales públicos; 50 a cohecho; 39 a falsificación de instrumento público, 14 a negociación incompatible y 79 a otras materias relacionadas.

“Hemos tomado la decisión de conformar una Unidad Especializada en Materias Municipales para lograr una mayor coordinación interna, así como con los organismos competentes, y, además generar un conocimiento experto en asuntos municipales, potenciando de este modo nuestras actuaciones judiciales”, indicó el Presidente.

Principales resultados de la gestión 2020

Al 31 de diciembre, el Consejo tenía a su cargo un total de 34.131 asuntos vigentes, entre ellos, 13.412 juicios que, en su dimensión patrimonial, representan un monto equivalente al 7,4% del PIB de ese año.

Su eficacia en la defensa judicial de los intereses y el patrimonio público mantuvo el significativo estándar de años anteriores, representado en una tasa de resultados favorables para el interés fiscal.

En los juicios ejecutoriados durante 2020, las defensas del Consejo evitaron condenas equivalentes al pago del 84,7% de los montos demandados al Estado, lo que equivale a 559 millones de dólares, recursos con los cuales, por ejemplo, podría dotarse al país de tres nuevos hospitales de mediana complejidad.

En cuanto a las 293 causas civiles y penales patrimoniales finalizadas en el período –en que el Consejo actuó en calidad de demandante–, logró que en el 80,9% de los casos, 237 juicios, se condenara a pagar la totalidad de los montos demandados. También mantuvo un positivo porcentaje de éxito en la defensa de asuntos que no poseen una dimensión patrimonial, especialmente, aquellos referidos al resguardo y protección de las atribuciones y potestades legales de los organismos del Estado.

“Las defensas con que enfrentó recursos de diversa índole presentados ante distintos tribunales del país lograron un 83% de fallos favorables al interés público, aportando, de este modo, al resguardo y respeto de la Institucionalidad y del Estado de Derecho”, subrayó el Presidente.

El ingreso de nuevos asuntos fue muy similar al año anterior. En 2020, ingresaron 4.925 juicios nuevos, lo que da cuenta que, aún con las restricciones y limitaciones provocadas por la pandemia, el ingreso sostenido de nuevos asuntos no se detuvo.

Defensa de las atribuciones públicas

El Consejo desempeñó una activa defensa judicial de las atribuciones y potestades de autoridades y organismos públicos en el contexto de las movilizaciones sociales y, posteriormente, de la pandemia.

Los resultados obtenidos por las defensas del Consejo en 384 acciones constitucionales presentadas ante distintos tribunales del país fueron favorables al interés público. En un balance de los resultados, la estrategia con que se enfrentaron las acciones presentadas contra la decisión de decretar estados de excepción o toque de queda, logró un 100% de efectividad, pues todas las sentencias resultaron favorables al interés fiscal. A su vez, las defensas del Consejo en recursos de protección referidos al resguardo de actividades comerciales obtuvieron un 82% de eficacia.

Asimismo, la estrategia aplicada en nueve acciones de amparo económico, deducidas ante distintas Cortes de Apelaciones del país, logró que ninguna de ellas prosperara, asegurando la continuidad de las medidas decretadas por el Ejecutivo. En tanto, en acciones constitucionales dirigidas a impugnar los procedimientos para el control del orden público, se obtuvieron sentencias favorables al interés fiscal en 82 de 84 recursos por uso de armamento disuasivo de Carabineros.

Respecto a las acciones constitucionales presentadas en el marco de la pandemia, el Consejo asumió la representación de autoridades y/u organismos públicos en 207 de 604 recursos. En las acciones finalizadas en 2020, sus defensas alcanzaron un 98% de efectividad, pues sólo ocho acciones fueron acogidas con decisiones desfavorables al Estado.

“Los resultados obtenidos por el CDE colaboraron a garantizar la continuidad de las medidas decretadas por el Ministerio de Salud para controlar la crisis sanitaria”, indicó el presidente del CDE.

Decidida persecución de la corrupción y de delitos que atentan contra los derechos de las personas

El CDE ejerció activamente sus atribuciones penales durante 2020 para perseguir la responsabilidad de funcionarios públicos y particulares en graves delitos de corrupción y continuar apoyando el avance de investigaciones de gran envergadura, como son las referidas a los fraudes cometidos al interior del Ejército y Carabineros.

En su discurso, el Presidente se refirió a la participación del Consejo en importantes juicios que concluyeron durante el año pasado o en que se investigan delitos de esta índole. Respecto de la sentencia dictada en el caso Corpesca, subrayó que “en los tres capítulos por los cuales el Consejo presentó acusación particular se obtuvieron condenas. Interpuso cinco querellas criminales y fue el primer interviniente en querellarse en 2015, acción que permitió interrumpir alegaciones que buscaban la prescripción de delitos que entonces comenzaban a investigarse”.

Asimismo, dio cuenta de la activa participación del organismo en investigaciones sobre delitos que afectan a distintas municipalidades del país. Uno de esos casos corresponde a la indagatoria sobre licitaciones públicas irregulares mediante las cuales se contrató a la empresa Itelecom para el recambio y mantención de luminarias, en que el CDE ha interpuesto cinco querellas criminales.

Asimismo, el presidente dio cuenta de la participación del Consejo en investigaciones por graves delitos de corrupción que afectan a la Municipalidad de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama. “A la fecha –señaló– ha interpuso cinco querellas criminales y tres ampliaciones en cinco juicios en que se investigan a alcaldes y funcionarios concertados con particulares y a personas jurídicas en delitos de fraude al Fisco, cohecho, soborno y negociación incompatible”.

Persecución de delitos funcionarios que han afectado los derechos de las personas

Conforme con su competencia penal, el Consejo desarrolló un intenso trabajo para la persecución de delitos cometidos por funcionarios que, en el desempeño de sus cargos, infringieron los instructivos y protocolos que regulan sus actuaciones, incumpliendo su deber, conductas que provocaron serias afectaciones a los derechos de las personas.

Un muy significativo logro en esa materia se obtuvo con la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, ratificada recientemente por la Excma. Corte Suprema, en que se condenó a ex efectivos de Carabineros por ser responsables del lamentable homicidio del comunero Camilo Catrillanca.

“El Consejo valora la sentencia que condenó con todo el rigor que corresponde a los responsables de este homicidio, quienes, además, agravaron sus acciones concertándose y ocultándolas, conductas que provocaron profunda conmoción pública y un enorme daño a la reputación y el trabajo de Carabineros de Chile”, indicó.

Asimismo, el Presidente dio cuenta de la decidida acción del Consejo en aquellos casos ocurridos en el contexto de las movilizaciones sociales en que los antecedentes contenidos en las investigaciones penales le han permitido formarse la convicción que existen hechos constitutivos de delito y participación de funcionarios del Estado.

“En noviembre de 2019, el Consejo presentó la primera de 19 querellas y de cuatro ampliaciones interpuestas hasta la fecha por estos delitos, acciones que ha concretado tras un riguroso análisis de los hechos en cada caso, conforme con los antecedentes contenidos en las carpetas investigativas y el avance de las indagatorias. Nuestra acción ha sido seria, acuciosa y responsable: en las investigaciones en que participa mediante querellas criminales se ha formalizado a 51 imputados, lo que equivale a un 43,2% de los funcionarios formalizados informados por el Ministerio Público en abril de este año”, afirmó.

Al respecto, indicó que la ley ha entregado el ejercicio prioritario de la persecución de esos delitos al Instituto Nacional de Derechos Humanos y “el Consejo ha intervenido y seguirá interviniendo en aquellos casos de mayor gravedad en que se investigan apremios ilegítimos y otros ilícitos relacionados con estos hechos, como falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación, lesiones graves gravísimas, homicidio o abusos de carácter sexual”, precisó.

Simultáneamente, el CDE persiguió la responsabilidad penal de quienes han dañado bienes públicos. Hasta abril, se habían interpuesto 111 querellas por estos delitos a lo largo del país, de las cuales, 46 se refieren a daños ocasionados a cuarteles policiales y militares. “El ejercicio de nuestras atribuciones penales en estos casos reviste especial importancia, dado que no existe otro organismo público que pueda instar por la persecución penal de este tipo de hechos que provocan un negativo impacto en las comunidades en donde se han ocasionado los daños”, señaló el Presidente.

Protección del medioambiente y del patrimonio cultural del país

El Consejo desarrolló un arduo trabajo durante 2020 para asegurar la reparación de daños provocados al medioambiente y proteger el patrimonio natural, histórico y cultural del país. Las demandas presentadas en el período registraron un crecimiento del 75%, en comparación con el año anterior, y se suscribieron cuatro relevantes acuerdos de transacción judicial que permitirán disponer de óptimas condiciones para reparar y/o compensar el daño provocado a ecosistemas cordilleranos y marinos.

Los acuerdos, autorizados por el Primer Tribunal Ambiental, se materializaron en el marco de las demandas de reparación presentadas por el CDE contra Codelco División Salvador, Compañía Minera Nevada y Compañía Contractual Minera Candelaria.

“A través de un trabajo conjunto con el Tribunal Ambiental, se logró robustecer la propuesta de transacción presentada por Codelco División Salvador para la reparación del daño ocasionado al Salar de Pedernales, añadiendo otras seis medidas que interpretaron el propósito central de la demanda fiscal que es la necesidad de conjugar el desarrollo sostenible con el cuidado del medioambiente que, en este caso, se traducirá en un beneficio permanente para la comunidad de El Salvador”, sostuvo Peribonio.

Asimismo, destacó el acuerdo alcanzado por el Estado de Chile y Compañía Minera de Fosfatos Naturales Ltda., “el resarcimiento de daño ambiental más provechoso obtenido por el Consejo en beneficio de una comunidad local”, subrayó. Luego de 15 años de litigio, el avenimiento preservará yacimientos de sedimentos fósiles de gran valor científico, ubicados en el Parque Paleontológico de Caldera, en la Región de Atacama.

En cuanto a la protección de la biodiversidad marina, el Consejo presentó en noviembre una demanda de reparación ambiental en contra de una empresa cuyo actuar negligente ocasionó la fuga de más de 690 mil salmones, como consecuencia de la falta de adopción de los resguardos que exige el desarrollo de esa actividad productiva. También, ejerció sus atribuciones penales para esclarecer la responsabilidad de la salmonera Nova Austral S.A., contra quien se querelló por el delito de fraude de subvenciones en contra del Estado, acción que posteriormente amplió contra la persona jurídica de la empresa, fundada en el delito de daño ambiental previsto en la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Resguardo del patrimonio cultural del país

La persecución penal de los daños ocasionados a bienes públicos que poseen la condición de Monumentos Nacionales también constituyó una tarea prioritaria en 2020. Hasta fines de abril pasado, el Consejo había interpuesto 17 querellas criminales por delitos cometidos en el marco de las movilizaciones sociales para obtener las condenas de quienes, impunemente, han atentado en contra de los Monumentos que simbolizan la identidad, la cultura y los valores del país a lo largo de su historia.

Asimismo, interpuso una demanda indemnizatoria por alrededor de 500 millones de pesos por el daño ocasionado a piezas que poseen la condición de Monumentos Nacionales, encontradas en poder del empresario Raúl Schüler. La acción se añadió a dos querellas previas interpuestas por el Consejo para determinar su responsabilidad en graves delitos contra el patrimonio.

Al concluir su discurso, Peribonio se refirió al proceso constituyente que ha iniciado el país, con el cual el Consejo se siente profundamente comprometido, “porque su destino es el bien común de nuestra Nación”. En ese sentido, indicó que “desde nuestro rol, contribuiremos a garantizar las condiciones necesarias para que este histórico proceso se desarrolle con éxito y normalidad. El Consejo de Defensa del Estado seguirá velando por el resguardo de la Institucionalidad, la defensa de las potestades y atribuciones públicas, la protección del patrimonio fiscal y la defensa de los Derechos Humanos, que conforman los pilares fundamentales del Estado de Derecho en nuestro país”, finalizó.