Tras escuchar a académicos y expertos del área económica, así como al Ejecutivo, la Comisión de Desarrollo Social acordó postergar hasta este martes la votación del proyecto que establece un Ingreso Familiar de Emergencia Universal (IFE).

Esto luego de la solicitud planteada por la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, en espera de la posibilidad de acoger algunos de los planteamientos que han realizado los legisladores.

El objetivo del proyecto es beneficiar a casi la totalidad de las familias del Registro Social de Hogares, con excepción de quienes se encuentren en el décimo décil menos vulnerable con ingresos líquidos superiores a 800 mil pesos por persona.

Así lo explicó la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, quien agregó que las personas de dicho tramo pueden actualizar sus datos a través de una declaración jurada sobre sus ingresos (honorarios, relación laboral formal y pensiones). Ello entendiendo que su situación social pudo haber variado en los últimos meses.

A su vez, informó que el pago de junio, julio y agosto se realizará en forma automática a 5,7 millones de hogares, lo que implica llegar a 12 millones de personas con los beneficios.

Sin embargo, aún quedan cerca de 500 mil hogares que no han entregado los datos de sus cuentas para el depósito, indicó la subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares. La situación se estaría abordando por la vía de contactar por mail a las personas, por mensajes de texto y, en los territorios, a través de Chile Atiende y otros organismos públicos.

En la comisión participaron expertos del área económica, que si bien valoraron la propuesta del gobierno, no están de acuerdo en que se tome la línea de la pobreza para establecer el monto de los beneficios, que consideran debiera ser mayor.

La directora ejecutiva del Decanato del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, Heide Berner, expresó que la política de protección de ingresos debe garantizar la tranquilidad necesaria para cumplir las medidas de confinamiento y restricción de movilidad. Ello además de satisfacer las necesidades básicas y cumplir los compromisos financieros de los hogares.

Berner consideró que un monto más adecuado para llegar a los hogares debiera considerar 150 mil pesos por integrante del hogar, es decir, que bordee los 600 mil para un hogar de cuatro integrantes.

A su vez, señaló que se debe buscar a las personas que no están en el Registro Social de Hogares y dar cobertura a quienes sí están pero no han recibido ningún beneficio, que son más de 518 mil hogares de los diversos tramos.

Por su parte, el economista de Fundación Sol, Marco Kremerman, comparó la propuesta del gobierno con la Renta Básica de Emergencia que vienen planteando desde hace un año y que considera 8,5 millones de hogares y más de 18 millones de personas; es decir, un 94% de la población y con montos que parten en 360 mil pesos para un hogar unipersonal.

Consideró que el gobierno pone la línea de sobrevivencia como techo y no como el mínimo de la propuesta; y que se debiera considerar el 70% del nivel mediano de gastos mensuales de una familia para generar las ayudas.

Asimismo, en materia de costos, Kremerman hizo un paralelo entre la propuesta del Ejecutivo, que alcanza los 3.532 millones de dólares, con la de los mínimos comunes, que toma la línea de la pobreza más un 30%, cuyo costo sería de 4.592 millones de dólares, y la de una Renta Básica de Emergencia que se estima en 5.267 millones de dólares.

El costo adicional, sostuvo, se puede financiar con fondos soberanos y con la caja de activos consolidados en el Tesoro Público. Además, consideró que Chile puede aumentar su deuda, ya que está entre los 25 países con menos deuda del mundo, así como otras fuentes de financiamiento por la vía de la reducción de exenciones tributarias, el impuesto a los súper ricos, el royalty a la minería y establecer impuestos a las grandes empresas y al lucro.