El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso cuatro nuevas querellas criminales por los delitos reiterados de otorgamiento de licencias médicas falsas y la obtención fraudulenta de subsidios por incapacidad laboral, entregadas a usuarios del Fondo Nacional de Salud, sumándose a las acciones judiciales ya iniciadas por Fonasa.

La acción penal del Consejo se dirige contra 4 médicos cirujanos de la Región Metropolitana y contra quienes resulten responsables de los delitos cometidos, quienes registrarían un número inusualmente alto de licencias médicas emitidas en un año, más de 3 mil en promedio, escapando a los rangos promedio que existen en el país, que oscila en alrededor de 105 licencias anuales por profesional, ocasionando un perjuicio al Fisco, por cuanto los subsidios entregados fueron financiados, en su mayor parte, con recursos fiscales.

Cabe señalar que entre fines de 2018 y principios 2019, Fonasa y la Subsecretaría de Salud Pública, interpusieron 41 acciones judiciales contra profesionales de la salud que han hecho un mal uso del subsidio de incapacidad laboral, con un perjuicio económico para el Fisco estimado en $24.000 millones. Sin embargo, y luego de un trabajo conjunto entre Fonasa y el Consejo desde inicios de este año, el Servicio se sumó a 4 de estas causas en curso, en representación del Fisco y en el ámbito de sus competencias legales.

En estos casos, se presume que las licencias emitidas no darían cuenta de una atención médica como lo dispone la normativa, certificando estados de salud que no corresponden a la realidad de los usuarios del sistema. Estas extensiones de licencias se habrían realizado mediante la comercialización de estas a distintas personas que concurrían a las consultas de los médicos, con el único objetivo de utilizarlas para obtener el subsidio de incapacidad laboral ante FONASA, sin estar en situación de merecerlo y causando con ello graves perjuicios al Fisco.

Para dimensionar el fraude: como ejemplo, señalar que un Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad de la Atención Primaria, que son los establecimientos asociados a la Red de Urgencia, similares a los SAPU y en los que resuelven urgencias de baja complejidad, tienen un costo aproximado de $700 millones, lo que es el equivalente a un año de licencias fraudulentas de un médico. Desde otro análisis, significa, por ejemplo, que un médico que entrega 8.921 licencias por año, en la práctica entregó una licencia cada 20 minutos.

Sobre las acciones presentadas, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio, señaló que “como institución valoramos el trabajo conjunto con otras entidades del Estado, como Fonasa en este caso, que nos permitan presentar o hacernos parte en acciones judiciales ante casos de evidente fraude al fisco, porque cada peso que se desvía del Estado, producto de un delito como los cometidos por los médicos querellados, significa el desmedro de una política social o de una política pública que ayuda a los más vulnerables y eso no lo podemos permitir”.

Al respecto el director nacional de Fonasa, Marcelo Mosso, comenta que “la licencia es un derecho del trabajador y debe ser usado con responsabilidad. Fonasa es el garante de los recursos del Estado y desde su rol debe recaudar, administrar y distribuir los recursos financieros del sector salud. Este mal uso de los recursos impacta directamente en las personas, ya que los montos, que podrían destinarse a un mejor cuidado de los pacientes y aportar realmente a las necesidades sanitarias del país, terminan financiando días de reposo que resultan sospechosos o fraudulentos, desviando los recursos fiscales de las prioridades a nivel país”.

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indica que “la emisión de licencias médicas fraudulentas nos parece un acto inaceptable, ya que estamos frente a un mal uso de los recursos públicos, recursos que son de todos, de Fonasa y de las personas más vulnerables. Es importante que las querellas sigan su curso y que, cuando sea pertinente, se apliquen las penas más altas según indique la ley”.