En una resolución interna, el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, tuvo que dejar sin efecto el dictamen que él mismo ordenó en noviembre de 2020, en que determinó que el fiscal Patricio Rosas, Jefe de la Unidad Local del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, fuera removido dicho cargo, luego que enfrentara una investigación por infracción sanitaria.

El dictamen fue despachado luego que la Corte Suprema, tras acoger un recurso de protección presentado por el abogado afectado, ordenara que Rosas retomara su cargo argumentando que la cesación de su jefatura carece de fundamentación suficiente, ya que sólo se adujeron en ella “razones propias del servicio”, y que en realidad constituyen sanciones en el marco de un sumario administrativo seguido en su contra”.

De esta manera, Barros explica en el documento que “se debe dar cumplimiento al fallo precedentemente señalado” que “por sentencia de fecha 17 de mayo de 2021, la Excelentísima Corte Suprema, conociendo de la apelación en acción constitucional de protección, deducido por el fiscal adjunto Patricio Rosas Ortiz, revocó la sentencia apelada con fecha 26 de enero de 2021 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel y acogió la acción constitucional, dejando sin efecto la resolución FRMS N°111/2020 y ordenando pagar las diferencias de remuneraciones que pudieran existir, en su caso, entre el grado que ostentaba el actor previo a su dictación, y la fecha de la sentencia, debidamente reajustadas”.

La medida, a juicio el abogado Gabriel Osorio quien, junto a Cristóbal Osorio, del Estudio Jurídico Osorio Vargas, representan a Rosas, “da cumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema, en cuanto acreditó la ilegalidad de la resolución 111, que dejaba sin efecto el nombramiento del Fiscal Rosas como Fiscal Adjunto Jefe de la Unidad Local del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos”.

“Esta resolución fue declarada ilegal y arbitraria por la Corte por ser una resolución que pretendía sancionar al Fiscal Rosas, no obstante, estar pendiente la investigación administrativa y no dar cuenta de los motivos de dicho acto”, agregó el abogado, enfatizando que “así se restaura el imperio del Derecho, debiendo –además- devolver al Fiscal Rosas las remuneraciones que dejó de percibir por este acto ilegal y arbitrario cometido por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur”.

Todo lo anterior, puntualiza, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades “que puedan derivar de la precitada resolución”.