El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso nuevas querellas criminales contra funcionarios de Carabineros, por su responsabilidad en delitos perpetrados en el marco de las manifestaciones sociales de 2019.

La primera de estas nuevas querellas fue presentada el pasado 9 de junio ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por delitos de apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación contra 12 funcionarios de Carabineros y quienes resulten responsables por hechos ocurridos en la Plaza Ñuñoa, en la Región Metropolitana, el 21 de octubre de 2019.

La acción penal se dirige contra un teniente y otros once funcionarios de la 28° Comisaría de Fuerzas Especiales, quienes, aproximadamente a las 20:40 horas, y mientras la víctima se manifestaba con un sartén y una cuchara en la vereda norte de la mencionada plaza, descendieron de un vehículo policial y la golpearon en diversas partes del cuerpo, propinándole una patada por la espalda, lo que produjo que se cayera y azotara la cabeza contra el suelo.

Los apremios le ocasionaron trauma ocular izquierdo grave, hematoma ocular izquierdo, herida contusa en párpado superior izquierdo, fractura nasal y fractura dental, entre otras lesiones, de acuerdo con información proporcionada por el Servicio de Urgencia del Hospital El Salvador.

Ello, además, le provocó una secuela funcional permanente y definitiva en el ojo izquierdo, con visión cero, afectando su capacidad laboral y de auto valencia.

A los hechos individualizados en la acción presentada por el Consejo se añaden otros constitutivos del delito de falsificación de instrumento público, por cuanto los efectivos habrían adulterado un parte policial en que señalaban que esa noche detuvieron a la víctima por haber amenazado de muerte a funcionarios de esa Institución, informando que ésta opuso resistencia a la detención y que intentó darse a la fuga, hechos que no ocurrieron, de acuerdo con  los antecedentes contenidos en la investigación.

Asimismo, el CDE les imputó el delito de obstrucción a la investigación a quienes declararon ratificando antecedentes falsos contenidos en el parte policial, obstaculizando el esclarecimiento de los hechos.

En consecuencia, estos no sólo habrían cometido graves delitos contra los derechos garantizados en la Constitución, sino que, como funcionarios a cargo de un procedimiento policial, habrían faltado a la verdad en la narración de los hechos sustanciales.

En tanto, el 15 de junio pasado, el CDE interpuso una querella por apremios ilegítimos ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra un cabo de Carabineros y contra quienes resulten responsables, por hechos ocurridos en diciembre de 2019.

Según los antecedentes de la investigación, el 20 de diciembre, alrededor de las 19:30 horas, el imputado conducía un vehículo policial en las cercanías de la intersección de las avenidas Vicuña Mackenna con Alameda, mismo punto en que la víctima se encontraba atravesando de manera longitudinal cuando la mencionada patrulla inició un movimiento de retroceso, con el aparente propósito de retirarse del lugar.

Sin embargo, el funcionario habría realizado un rápido cambio de marcha hacia adelante y hacia la izquierda, embistiendo a la víctima hasta aplastarla contra otro carro policial que se desplazaba en sentido contrario, tras lo cual emprendió la fuga, dejándola abandonada sin prestarle ayuda. Como resultado de estos apremios, y de acuerdo con los datos de la atención de urgencia e informes contenidos en la investigación, la víctima sufrió lesiones graves y múltiples fracturas de la pelvis.

En consecuencia, en la querella del CDE se imputa que el efectivo policial, quien se encontraba en el ejercicio de sus funciones, habría actuado con dolo, abusando de su cargo e irrogando tratos crueles e inhumanos a la víctima al embestirla con el carro que conducía.

Considerando estas nuevas acciones penales, el Consejo de Defensa del Estado ha presentado 21 querellas criminales y cuatro ampliaciones de sus querellas por delitos cometidos en el marco de las movilizaciones sociales de 2019, que afectan los derechos humanos y que, en algunos casos, se ven agravados por acciones que atentan contra la fe pública, conforme con la probidad que debe regir la conducta y el actuar de los funcionarios públicos involucrados.