A través de una declaración pública, los constituyentes electos del Partido Comunista (PC) pidieron la liberación de los presos del estallido social, que de no prosperar propiciarán su libertad mediante “una disposición transitoria” en la nueva Constitución.

“Las históricas movilizaciones que hemos vivido como país desde el pasado 18 de octubre de 2019, son la expresión más genuina e irrefutable del anhelo de los grandes cambios que hoy, con esperanza, comenzamos a concretar ad portas de la instalación de la Convención Constitucional que dará curso al proceso constituyente”, afirman en el documento.

Asimismo agregan que “miles de personas colmaron las calles de nuestro país haciendo uso del legítimo derecho a manifestarse, sin embargo, la lógica punitivista y criminalizadora del actual gobierno, ejerció una represión brutal y una violación sistemática a los derechos humanos a mano de las fuerzas represivas, bajo la orden de un presidente que le declaró la guerra al pueblo movilizado”.

“Las presas y presos políticos de la revuelta social son parte de esos cientos de miles que salieron a las calles en una clara oposición y lucha contra el modelo neoliberal, contra las injusticias, demandando una vida digna. Se ha exigido su justa liberación durante mucho tiempo. Sin embargo, ni el Ministerio Público, el poder judicial, ni el gobierno, han dado respuestas concretas para terminar con la aplicación de medidas desproporcionadas e infundadas”, añaden.

Además sostiene que “el rol del INDH ha sido clave para la persecución de las violaciones de derechos humanos, aunque desde hace un tiempo se ha vuelto errático. Su actual director nacional, Sergio Micco, ha relativizado la violación sistemática a los derechos humanos en Chile. Una de las últimas acciones protagonizadas por Micco fue el cambio de criterios para la identificación de víctimas de traumas oculares. Esto lo consideramos altamente peligroso por la señal de impunidad que proyecta. El momento histórico que estamos viviendo no puede estar permeado por la impunidad y la injusticia impuestas en dictadura y perpetuadas en esta democracia tutelada”.

Luego señalan que “condenamos la injusta prisión y exigimos la puesta en libertad de todas las y los presos políticos de la revuelta social”.

“Instamos al Gobierno a darle urgencia a los proyectos de indulto general y de reparación a víctimas de derechos humanos, ambos en actual tramitación legislativa”, precisan.

En ese sentido, indican que “es urgente elaborar un catastro nacional que dé cuenta de la realidad de los presos y presas políticas de la revuelta social, privados de libertad y/o con procesos en curso; y de la totalidad de las víctimas de la represión estatal”.

También sostienen que “dado el tiempo transcurrido, la Fiscalía debe dar respuestas ante la opacidad con la que han tratado los procesos de las presas y presos políticos de la revuelta social, y las diferencias en medidas cautelares que se han utilizado para procesar a los agentes del Estado identificados en causas de violaciones a los derechos humanos”.

“Que el actual director del INDH, Sergio Micco, no puede seguir dirigiendo dicha institución, dado que sus decisiones contravienen los principios de dicho organismo en tanto defensa y promoción de los derechos humanos. Su actitud pone en riesgo la integridad de las personas y promueve la impunidad”, asevera.

En esa línea, añade que “la reparación de la injusticia cometida en contra de quienes hoy están presos y presas por ejercer su derecho a la protesta debe llevarse a cabo por la institucionalidad antes mencionada, la cual, de no realizarse, nos impondrá a las y los constituyentes, el deber ético de propiciar la libertad de todas las y los presos políticos mediante una disposición transitoria en la nueva Constitución”.