La Comisión de Constitución del Senado acordó solicitar antecedentes al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública, al Instituto Nacional de Derechos Humanos y al Poder Judicial, entre otros, con el objeto de conocer cuál es el universo de personas que se verían beneficiadas si se aprueba el proyecto de ley que concede un indulto general por razones humanitarias a los detenidos en el marco del estallido social.

La instancia inició ayer el estudio de la iniciativa presentada por los senadores Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste y Alejandro Navarro, y para ello escuchó las opiniones de los Ministros del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado; de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, además del senador Latorre quien explicó los fundamentos de la propuesta.

El parlamentario señaló que en la iniciativa “no hablamos de presos políticos. Eso es una discusión social, conceptual, académica y es una discusión abierta. Lo que sí hablamos es que hay un uso de herramientas del derecho penal….es una medida excepcional para un período excepcional”.

Agregó que de acuerdo a información entregada, el INDH ha presentado cerca de 3 mil querellas por graves violaciones de los Derechos Humanos por parte de los agentes del Estado y que así como se buscó una salida en la época de la transición a la democracia, en este caso se podría dar algo similar.

A su turno, el Ministro del Interior reiteró los argumentos en contra del proyecto, señalando que “atenta contra la institucionalidad y la separación de los Poderes del Estado… el proyecto de ley genera impunidad porque busca olvidar la generación de delitos e impide que se conozca la verdad”.

En una línea similar, el Ministro de Justicia manifestó que “aquí se está dando una amnistía para personas que están en proceso para que borren todos los efectos legales…esto no es un indulto, es una amnistía disfrazada”.

Explicó que según los antecedentes que ha entregado el Ministerio Público serían 25 personas las que estarían en ese caso, pero que es difícil precisar la información pues las causas no están catalogadas como “estallido social”, sino que por los delitos respectivos.

PRECISAR DATOS

De ahí que el presidente de la Comisión, senador Pedro Araya, planteara que se soliciten esos datos a las diversas reparticiones y que se revise los antecedentes que ya se enviaron a la Comisión de DD.HH y de Seguridad Pública, para no duplicar información.

Lo que se busca, dijo es tener claridad de cuántos son los detenidos en el marco del estallido social y en qué estado procesal se encuentran. “Hemos acordado pedir una serie de información a distintos organismos, al Ministerio Público, a la Defensoría y al Poder Judicial con el objeto que nos puedan informar quienes son los presos de la revuelta, cuantas personas están siendo investigadas o han sido condenadas por delitos asociados y que se nos pueda informar quienes están en prisión preventiva, han sido condenados o han sido absueltos”, dijo el senador Araya.

Agregó que también solicitaron al Ministro del Interior que “informen cuántas son las querellas que se han presentado en el marco del estallido social”.

Del mismo modo, se solicitará informes en derecho a las distintas universidades a objeto de definir si el proyecto plantea un indulto o una amnistía.

Recordó que el proyecto no tiene urgencia, pero la Comisión destinará los miércoles para tratar la iniciativa escuchando a los organismos del Estado y luego a la sociedad civil.

RESPUESTA POLÍTICA Y SEÑALES

En tanto, el senador Francisco Huenchumilla se refirió al aspecto político que subyace a este proyecto y dijo ser partidario de ver las ideas matrices, votarlo en general en la Comisión de Constitución y enviarlo a la Sala para que sea el pleno de los senadores los que se pronuncien sobre la materia.

“Creo que entre todos tenemos que dar una respuesta. El Senado en su conjunto tiene que asumir la decisión de si está disponible a legislar o no sobre esta materia…si el Senado quiere asumir esa realidad entonces tenemos que ver cómo avanzar y hacer viable este proyecto”, dijo el senador.

A su turno, la senadora Luz Ebensperger señaló que “hay una discusión de fondo de qué es lo que busca el proyecto y cómo lo busca, porque se está hablando de una amnistía…creo que en la discusión en general también hay que verlo en profundidad”.

El senador Rodrigo Galilea, afirmó que se trata de un proyecto que “tiene asuntos complejos y errados, porque plantear que en Chile se puede indultar ampliamente a quienes han cometido homicidios frustrados, lesiones graves, incendio y queden completamente impunes, es un sinsentido absoluto”. Agregó que “no podemos olvidar jamás que todas nuestras libertades tienen dos requisitos básicos: que sean pacíficas y sin armas”.

Por su parte, los senadores Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pugh, afirmaron que “el día que nosotros validemos de una u otra manera que nuestro derecho a manifestarnos puede ser ejercido con violencia o con armas, estaremos dando un paso nefasto para la convivencia cívica de nuestro país”.