La Convención Constitucional, compuesta por 155 constituyentes que deben redactar una nueva Constitución para el país, realizó este jueves una primera votación sobre emitir una declaración por los presos del estallido social.

Dos propuestas de declaración, una de Apruebo Dignidad y la Lista del Apruebo, y la otra de Lista del Pueblo y representantes indígenas, que versan sobre la prisión política en el país, fueron sometidas a votación, sin embargo, ninguna alcanzó la mayoría absoluta necesaria para su aprobación.

La primera declaración obtuvo 52 preferencias, mientras que la segunda declaración obtuvo 49 respaldos, en tanto que hubo 34 votos en contra y 16 abstenciones.

De esta manera, se producirá una segunda votación, que en caso de no alcanzar una mayoría absoluta se levantará la sesión, y se dejará para una próxima oportunidad una votación para que haya una declaración en ese sentido.

LAS PROPUESTAS DE DECLARACIÓN

Respecto a la propuesta de Apruebo Dignidad y Lista del Apruebo, firmada por 47 constituyentes señala que la CC “tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”.

“Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia”, añade el texto.

En esa línea, pide la máxima celeridad en la tramitación del proyecto de indulto, el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado, la inmediata desmilitarización del Wallmapu y la implementación de una política de reparación.

La otra declaración es de la Lista del Pueblo y representantes indígenas, que está firmada por 41 constituyentes, precisa una condena a la “criminalización de la protesta social y la aplicación abusiva del monopolio de la fuerza estatal, mediante apremios ilegítimos, detenciones masivas y actos de vulneración a derechos humanos, agresiones sexuales, mutilaciones oculares y el uso de la prisión preventiva como pena anticipada”.

“Resulta fundamental para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos, que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y naciones de Chile. Para ello, el fin inmediato a la prisión política en Chile es esencial”, sostiene.

En ese sentido, solicita la tramitación urgente del proyecto de indulto para los presos del estallido, el fin de la militarización del Wallmapu y la implementación de una política que contribuya a la reparación integral de los “perjuicios y los daños sufridos, de forma individual y colectiva, para quienes han sido víctimas de persecución y prisión política”.