Hace unos días se supo que el Presidente Sebastián Piñera prestó declaración como querellado ante la Fiscalía, por presuntos delitos de lesa humanidad durante el estallido social de 2019.

Así, el pasado 19 de julio prestó declaración, donde según La Tercera, señaló que “no hubo ninguna advertencia concreta y específica sobre un desenlace de hecho como los vividos” el 18 de octubre. A su vez, explicó que la frase “estamos en guerra contra un enemigo poderoso” fue “retórica, no literal, que ocupo con mucha frecuencia”, para referirse a la violencia “y no, por cierto, a los manifestantes”. “Hago un reconocimiento y valoración del derecho de la manifestación pacífica de los ciudadanos”, precisó.

Sobre la decisión de decretar el estado de emergencia, el Mandatario indicó que se tomó por la “grave alteración del orden público, a la violencia desatada y al hecho de que las Fuerzas de Orden y Seguridad estaban siendo superadas por la ola de violencia y el orden público no estaba siendo debidamente resguardado”, recordando que hubo saqueos, incendios y atentados incendiarios a estaciones de Metro y edificios.

“Carabineros se vio superado por la violencia, porque no tenían la capacidad humana, ni material para asegurar el resguardo del orden público”, añade, señalando que la misión del Ejército era “resguardar el orden público con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho”.

“Siempre buscamos que las fuerzas de orden y seguridad resguardarán el orden público lo antes posible para restablecer la normalidad constitucional con pleno respeto por el Estado de Derecho y los DDHH”, sostuvo.

Junto a lo anterior, resaltó que desde que se desataron los hechos se comunicaron con organismos de derechos humanos para que observaran e informaran la situación, asegurando que “el Gobierno no permaneció indiferente”.

“De parte del Presidente por razones de formación familiar y de valores, el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido una constante en mi vida (…) desde ese mismo momento, mi preocupación principal fue cómo recuperar el orden público y, al mismo tiempo, garantizar el respeto por los derechos humanos”, aseguró.

Además señala que “había una política clara: cualquier hecho que pudiera tener carácter de delito debía dar lugar a un sumario, denuncia a la Fiscalía y total transparencia de la información. Sobre las definiciones jurídicas para presentar querellas debo decir que es una facultad que le correspondía a los intendentes y al Ministerio del Interior”.