Como “graves y preocupantes” calificó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) los resultados de una encuesta de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) aplicada a funcionarios/as del Ministerio Público entre el 29 de enero y el 19 de febrero pasado, siendo sus datos reservados hasta que hoy los dio a conocer Radio Biobío.

El sondeo, fue contestado por 380 funcionarios/as, el 66,9% son hombres y el 33,1%, mujeres, con un tasa de logro del 54,5%.

Frente a la consulta ¿Usted considera que hay un trato discriminatorio a las personas involucradas en las investigaciones? del Ministerio Público, el 19,7% reportó que se discrimina a personas de escasos recursos económicos, el 10% a grupos LGBTIQ, el 9,7% a los pueblos originarios, el 9% por género, el 5,3% a las personas con discapacidad y el 3,7% a infantes.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, afirmó que “una institución como el Ministerio Público debería registrar discriminación cero. Primero porque la discriminación es ilegal y daña a las personas; segundo porque los prejuicios y las odiosidades distorsionan las investigaciones judiciales y obstaculizan alcanzar justicia y tercero porque se re-victimiza a las víctimas”.

“Doblemente preocupante es la situación de las personas que sufren discriminación interseccional, como lo puede ser una mujer lesbiana de escasos recursos económicos, un niño/a trans o un gay con discapacidad. Sin duda, a estas personas la fiscalía no les está garantizando dignidad y trato justo”, redondeó el vocero del Movilh.

“Estos resultados vienen a decir además que en los deficientes resultados de la Ley Zamudio no estarían incidiendo solo los vacíos de la norma, sino también el actuar de algunos fiscales frente a la discriminación”, apuntó Rementería.

Además, añadió que “en diversas ocasiones hemos reportado al Ministerio Público de tratos deficientes y sesgados en investigaciones que involucran a personas LGBTIQ+. Entre estos se encuentran, descartar móviles discriminatorios antes de investigar, rehusarse a pedir la agravante de la Ley Zamudio porque así les resulta más fácil y rápido cerrar un caso y desconocimiento sobre la forma como opera la discriminación en el marco de la ocurrencia de delitos”.

Rementería indicó que “nuestros/as propios activistas han sido víctimas de abusos, cuando la fiscalía ha persistido en perseguir a personas que han sido detenidas y torturadas por carabineros solo por defender los derechos humanos LGBTIQ+. Esta trato deficiente e inhumano debe cesar”.

“Exigimos y animamos al fiscal nacional a referirse públicamente a los resultados de este estudio, donde el Ministerio Público sale mal evaluado en muchas otras áreas. A dar explicaciones y, en especial, a anunciar medidas para hacer frente a todos los problemas que arrojó la encuesta”, finalizó el Movilh.