David Navarro, profesor y director del CEIA de Coyhaique, abordó en la Comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, las diferentes dificultades que han debido abordar en pandemia para dar cobertura a los y las adultas que están cursando sus estudios de enseñanza media.

Para la diputada Marisela Santibáñez (PC), única integrante de oposición en esta instancia, esta situación es compleja y refleja una realidad a nivel nacional totalmente invisibilizada.

Navarro relató el déficit económico que atraviesan y al incumplimiento en el pago de los dineros comprometidos por el Gobierno vía subvención, los que serían insuficientes dado que su matrícula aumentó de 138 estudiantes en el mes de marzo a 188 en el mes de agosto, diferencia por la cual el Mineduc no habrían desembolsado ningún recurso.

El docente agregó a esto que también se debió destinar recursos a la impresión de material educativo, gasto que no estaba considerado para el Ministerio, lo que a su juicio significó “que la educación de adultos fuera dejada de lado, no se nos tomó en cuenta”.

Además, señaló que dado el déficit y para suplir la brecha de conectividad digital, los mismos educadores y educadoras se organizaron en cuadrillas para entregar las guías de estudio y demás material en las casas de los y las estudiantes.

En este sentido, Santibáñez sostuvo que “hoy conocimos la dura realidad de la educación para adultos, cuyas subvenciones han estado por debajo de las necesidades que tienen las y los estudiantes de esta modalidad de educación”.

“Esta situación, sumada a los problemas de conexión y brecha digital de la gran mayoría de estudiantes han hecho imprescindible la presencialidad de las clases, pero esta misma falta de recursos impiden que puedan dar cumplimiento a los protocolos que han definido desde el Ministerio de Educación”, complementó.

Por otro lado, la diputada del PC destacó las palabras de Pablo Soto, doctor en derecho en otra de las intervenciones en la sesión, quien señaló que aún el contexto de pandemia, el estándar esperable en la actuación del ministro Figueroa no puede bajarse ni ocuparse como argumento para otros profesionales para justificar las falencias y errores.

La parlamentaria indicó que luego de 16 meses de pandemia “es insostenible que ocurran improvisaciones o errores” y que esto incorpora nuevos antecedentes para la acusación constitucional.

Por último y tras la exposición de Juan Pablo Torres, pediatra infectólogo, Santibáñez puntualizó que “su exposición da cuenta de la necesidad de ampliar la mirada a la salud, porque los protocolos sancionados por el Ministerio de Educación son los apropiados, pero no hoy no existe certeza de su grado de cumplimiento”.

“Por lo tanto, en aquellos establecimientos educacionales más precarizados por su infraestructura y falta de recursos, son espacios donde efectivamente pueden existir más posibilidades de contagio”, añadió.

Cabe señalar que esta acusación constitucional contra el ministro Figueroa aborda la vulneración del derecho a la educación, de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de la educación y la amenaza a la vida e integridad física y psíquica.