Como una “señal de alerta que no debemos ignorar” calificaron los diputados de la UDI que integran la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, Osvaldo Urrutia y Cristhian Moreira, el último informe del Observatorio del Narcotráfico en Chile que elaboró el Ministerio Público y en el que se alertó sobre una importante presencia de organizaciones internacionales en el país, entre ellos los carteles de Sinaloa y Jalisco, de México, y el del Golfo, de Colombia.

En esa línea, los parlamentarios gremialistas aseguraron que tanto el Gobierno como el resto de las instituciones del Estado “no debieran ignorar esta señal de alerta que nos llega”, advirtiendo que “estamos con el tiempo al límite para evitar que el narco siga escalando a niveles insospechados y no nos termine afectando como al resto de los países del continente, donde incluso ha permeado a las instituciones del Estado, como ya ocurrió aquí con una municipalidad de la Región Metropolitana”.

Por lo mismo, los diputados que integran dicha comisión insistieron en la necesidad de reimpulsar una “agenda antinarcos” que contiene una serie de proyectos que apuntan directamente a combatir el poder de grupos organizados en el país, pero que a la fecha no han tenido una rápida tramitación en el Congreso. Por ello, instaron al Gobierno a otorgar la máxima de las urgencias a las iniciativas sobre dicha materia.

Agenda Antinarcos:

1. Tipificar el delito de sicariato, para sancionar con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado a quienes cometan un homicidio por encargo. Se hace extensivo también para quienes encarguen la realización del crimen (autor intelectual).

2. Incorporar a las automotoras en el registro de empresas que están obligadas a reportar ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) las operaciones sospechosas o que se realicen con altas sumas de dinero en efectivo, como una manera de prevenir el lavado de activo mediante la compra de vehículos de lujo.

3. Limitar el uso de dinero en efectivo, estableciendo un máximo de 240 Unidades de Fomento (casi $7 millones) para todos los efectos, restringiendo así el lavado de dinero.

4. Dejar sin efecto las atenuantes de responsabilidad penal y el beneficio de penas privativas o restrictivas de libertad para quienes estén formalizados o hayan sido condenados por los delitos o cuasidelitos contemplados en la Ley 20.000.

5. Aumentar las penas asignadas al delito de falsificación o uso de pasaporte falso, considerando que en los últimos años dicha acción ha crecido en un 75% en el país.

6. Aumentar las penas asignadas al delito de tráfico y trata de personas, de manera de combatir a los grupos – conocidos como “coyotes”- que se ubican en las zonas fronterizas para facilitar el ingreso ilegal de migrantes a través de un pago económico.

7. Prohibir el uso de aparatos telefónicos al interior de las instituciones bancarias para evitar que grupos de delincuentes “marquen” a los clientes para luego asaltarlos.

“Estamos hablando de modificaciones que se requieren con urgencia, como por ejemplo tipificar el delito de sicariato, considerando que ya hemos tenido homicidios por encargo en nuestro país, como el que ocurrió en Concón. O empezar de una vez por todas a reportar las operaciones que se realizan con dinero en efectivo, además de limitar su uso, porque sabemos que las organizaciones criminales se dedican a adquirir propiedades y vehículos sin que muchas veces se genere una alerta”, señalaron los parlamentarios UDI.

“No podemos seguir de brazos cruzados viendo cómo grupos organizados se apoderan de nuestro país sin que nadie haga nada. El propio Gobierno y el Ministerio Público han advertido que estamos ad portas de que el narco penetre en nuestras instituciones, y si no nos tomamos el tema en serio, mañana ya va a ser muy tarde”, advirtieron Alessandri, Urrutia y Moreira.