Por 64 votos a favor, 61 en contra y 20 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto que buscaba rebajar el impuesto específico a las gasolinas automotrices y petróleo diésel por medio de una modificación a la Ley 18.502, que aborda dicha materia.

La propuesta fue originada en una moción que encabezó el diputado Álvaro Carter (UDI). Además, fue firmada por sus compañeros de bancada Sandra Amar y Rolando Rentería.

Se presentó con un informe negativo de la Comisión de Hacienda que rindió el diputado Pablo Lorenzini (IND). Allí se dio cuenta que la iniciativa se aprobó en general en la instancia, pero que se rechazó el artículo único. Como consecuencia de ello, se entendió por objetada la norma en su conjunto.

En sincronía con dicho criterio, la Sala también optó por rechazar el texto que ahora pasó a archivo.

En rigor, el proyecto planteaba una rebaja del 50% del citado impuesto. Esto sería aplicable en caso de estado de excepción constitucional o alguna calamidad pública que afecte o comprometa gravemente el empleo e ingresos de la ciudadanía. Asimismo, consideraba que la disminución se debía mantener hasta que cesara el acontecimiento que lo motivó, así como también sus consecuencias.

Durante el debate hubo diversas posturas, tanto en apoyo del proyecto como en contra.

Los autores de la propuesta y varios representantes de zonas extremas y apartadas se manifestaron a favor. Estimaron que el gravamen, creado en 1985 para la reparación de caminos afectados por el terremoto, ya no tiene justificación. Además, alertaron de los altos precios que se deben pagar hoy en día por el combustible, en particular, en las regiones más alejadas del país.

De igual modo, recalcaron que, con la pérdida de sus trabajos, muchos debieron recurrir al vehículo para obtener ganancias. En tal plano, observaron que una rebaja en el valor de las gasolinas favorecería a esos emprendedores y al delivery.

Por otra parte, dentro de las críticas estuvo lo tardío que reaccionó el Mepco frente la escalada de precios internacionales. En este ámbito, se pidió adecuar el sistema de modo que reaccione mejor a dicha situación. Igualmente, que se ayude al gremio de los taxis y colectivos, afectados por estas alzas.

Algunos/as legisladores/as compartieron que el impuesto específico ya tuvo su justificación. Y, si bien llamaron a modificarlo, plantearon avanzar en la línea de los gravámenes verdes. Es decir, que desincentive el uso de aquellos factores contaminantes como los combustibles fósiles. Otra opción, es entregar franquicias o incentivos tributarios por el empleo de electromovilidad.

Asimismo, se planteó que se aplique a todos por igual, incluyendo a la industria, hoy no afecta a él. De tal modo, varios recordaron que las empresas mineras, la aeronáutica y el transporte marítimo no pagan este impuesto.

Otro argumento que se mencionó reiteradamente es el de la inconstitucionalidad del proyecto. Ello, porque cualquier norma relativa a impuestos es una materia de exclusiva iniciativa del Ejecutivo.

Paralelamente, se llamó la atención que una rebaja en este impuesto es regresivo, ya que favorece a los que más tienen. Junto a esto, se recordó que en la pandemia se requieren de recursos para apoyar los beneficios sociales entregados por el Estado.

También se alertó que la experiencia internacional muestra que una rebaja o eliminación del cargo fiscal no es necesariamente traspasado al cliente. Por el contrario, en la mayoría de los casos, es un valor que absorben las empresas distribuidoras de combustible como ganancia.