Luego de que se conociera el desalojo masivo de ciudadanos extranjeros por parte de Carabineros en la Plaza Brasil de Iquique y la posterior quema de sus pertenencias por personas que participaron de una convocatoria anti-migrantes, el Partido Convergencia Social (CS) envió una carta a Julissa Mantilla, relatora especial sobre los Derechos de las Personas Migrantes de la CIDH, para denunciar los hechos acontecidos y solicitar al organismo internacional que oficie a Chile para que responda por las políticas migratorias implementadas en el país para enfrentar la crisis humanitaria.

En la misiva, una veintena de dirigencias políticas acusan que el Gobierno realizó el desalojo “sin tener ninguna solución para las familias migrantes, generando grandes problemas en su integridad física y psicológica, dejándolos abandonados a su suerte”.

Además, mencionan que al momento de que los ciudadanos chilenos quemaran los enseres personales de las familias extranjeras que se encontraban acampando en la plaza iquiqueña, Carabineros de Chile “no efectúo ningún accionar para brindar protección a las personas afectadas” ni detener dicha vulneración, situación que de acuerdo con el partido frenteamplista transgrede “las obligaciones de los Estados de proteger la vida e integridad de las personas”, señaladas por la CIDH.

Por estos motivos, solicitaron a la relatora Julissa Mantilla que pida al Gobierno de Chile una serie de reportes. Entre ellos, la realización de tres informes: el primero sobre “las políticas públicas de protección a las personas migrantes, con énfasis en la protección de los Derechos Humanos”; el segundo por “los protocolos que contempla Carabineros de Chile respecto del trato que deben tener con la población migrante”, y el tercero para que las autoridades respondan sobre “las acciones que han llevado a cabo para respetar el debido proceso para la determinación de la condición de persona refugiada y la regularización de la migración forzada”.

En la carta también piden que el Gobierno informe sobre el ofrecimiento de la ACNUR de establecer un campamento de refugiados en Chile y la respuesta del Estado frente a esta oferta, además de dar a conocer las medidas adoptadas por el Gobierno para resguardar a las personas migrantes, especialmente aquellas que están en situación de calle; mujeres, personas mayores y NNA.

“Lo que pasó en Iquique responde a la crisis más grande de Derechos Humanos en la historia democrática de nuestro país, no solo porque hemos visto cómo este Gobierno ha transgredido y violado sistemáticamente los DD.HH. tras el estallido social, sino que además promueve agravar esta situación con una política migratoria que desconoce toda consideración con las personas que buscan refugio y esperanza en un futuro mejor en nuestro país”, afirmó Jaime Fuentes, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de Convergencia Social.

En tanto, la vicepresidenta de Convergencia Social, Francisca Perales, señaló que “este es el tipo de situaciones en las que se juega lo que es aceptable o no en una democracia. Esperamos que la CIDH acoja nuestro llamado, el sistema interamericano reaccione y el gobierno ocupe mecanismos eficaces para resguardar a migrantes, especialmente niños, niñas y adolescentes, y detener la violencia en su contra”.

El documento fue suscrito por los diputados Diego Ibáñez, Gonzalo Winter, Gael Yeomans y Marcelo Díaz; las alcaldesas Lorena Olavarría (Melipilla), Erika Martínez (San Miguel) y Valeria Melipillán (Quilpué); los consejeros regionales Matías Fernández (Los Ríos), Nataly Campusano (Valparaíso) y Claudia Hasbún (Metropolitana), junto con la Dirección Nacional del partido y una treintena de candidaturas y dirigencias.