Un grupo de diputados de la UDI, liderados por Juan Manuel Fuenzalida y Enrique Van Rysselberghe, oficiaron hoy al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para que aclare si son legales o no los cobros adicionales que están realizando las automotoras al momento de entregar un vehículo nuevo que había sido reservado con anterioridad.

Al respecto, los parlamentarios gremialistas señalaron que producto de la falta de stock de muchas marcas, la mayoría de las personas que adquieren un vehículo nuevo realizan una reserva -que fluctúa entre los $250 y los $500 mil- de manera de asegurar su disponibilidad, debiendo esperar en promedio hasta seis meses para que se concrete la entrega.

Sin embargo, Fuenzalida y Van Rysselberghe advirtieron que al momento de recibir el vehículo, de manera unilateral las automotoras le están modificando el precio. “Por ejemplo, muchas personas nos han señalado que reservan un vehículo cuyo valor es de $12.990.000, pero cuando se lo entregan meses después, el proveedor les informa que por distintas externalidades el nuevo valor es de $13.990.000, es decir, se ven obligados a pagar un millón de pesos más si no quieren perder la disponibilidad del vehículo”, explicaron los diputados.

Una situación que, a juicio de ambos parlamentarios, constituye una “clara ilegalidad”, por lo que no sólo decidieron oficiar al Sernac para que aclare si corresponde o no aplicar dicho cobro adicional, sino que también presentaron este lunes un proyecto de ley para que se respete el precio fijado al momento de la reserva, tal como ocurre con otros bienes como las viviendas.

“Es realmente injusto y hasta insólito que, en este caso, las automotoras quieran traspasar a los clientes los costos de importación o el aumento que pueda tener el valor de un vehículo producto del alza del dólar u otros factores. Si un comprador decide reservar un vehículo, es porque está de acuerdo con el valor de éste, y por lo tanto el proveedor no puede llegar y modificar el precio de forma unilateral”, cuestionaron Fuenzalida y Van Rysselberghe, quienes agregaron que “se están aprovechando de la demanda que existe en nuestro país, porque saben que si la persona desiste va a haber otra que sí estará dispuesta a pagar ese precio”.

“Los clientes quedan en una situación sumamente compleja, porque si bien pueden cancelar la compra y generalmente les devuelven la reserva, pierden cerca de seis meses esperando un vehículo que después es más caro. Y además, nadie les asegura que si cancelan la compra y vuelven a reservar, les van a respetar ese mismo precio”, señalaron los diputados UDI, quienes agregaron que “es una situación sumamente injusta que requiere de un pronunciamiento del Sernac, pero en caso de que dicho acto no constituya una ilegalidad, presentamos este proyecto de ley para que se respete el precio pactado al momento de la reserva, independiente de otras externalidades”.