El jefe de la bancada de diputadas y diputados del PPD, Raúl Soto, afirmó que “como Bancada hemos acordado sumarnos decididamente a la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, a su estudio, presentación y firma, porque los antecedentes que se han conocido respecto a Pandora Papers son de extrema gravedad, y no podemos simplemente tolerar ese tipo de actos de autoridades de nuestro país, menos del Presidente de la República”.

Respecto a que la Fiscalía abriría causa penal contra el Mandatario, pues contrato original de compraventa de Dominga no estuvo incluido en investigación del 2017, el diputado Soto señaló que “esto debe ser investigado y que se persigan todas las responsabilidades, no solo las penales, sino que también las políticas”.

Por su parte, la diputada Andrea Parra, sostuvo que “tener a un presidente con una eventual causa penal abierta, que es portada en todo el mundo por un hecho de corrupción, y al cual nadie le cree, es un golpe bajo a la República y a la Democracia. Por eso apoyo e impulso la acusación constitucional contra el Presidente Piñera. Chile debe ponerle coto a su sinvergüenzura”.

En tanto, la diputada Cristina Girardi manifestó que “me parece que los hechos son absolutamente graves, una infamia, y esto ocurre en el gobierno actual de Piñera. El proyecto Dominga, si bien había sido rechazado por el gobierno de Bachelet, este fue reflotado y aprobado finalmente en el consejo regional por los votos de los seremis de esta administración. Por lo tanto, a mi me parece que hay una responsabilidad absolutamente clara de este gobierno para terminar de concretar lo que se estableció en ese contrato hace varios años atrás”.

“Lo otro relevante es que el Consejo de Ministros durante el gobierno de Bachelet acordó crear un área marina costera protegida en la zona, y este gobierno no tramitó los decretos necesarios, no se avanzó con esa decisión. Lo que ocurrió en el primer gobierno de Piñera y lo que ocurre hoy día está absolutamente ligado. Se traspasaron todos los límites de la ética, puede ser que no de la legalidad, pero los de la ética están absolutamente traspasados”, indicó la diputada Girardi.

Finalmente, el diputado y Presidente de la Comisión de Medioambiente, Ricardo Celis, insistió en que “debe responderse políticamente por estos graves hechos que afectan la fe pública y el medioambiente en medio de la urgencia climática del planeta”.