Con el objeto de ir en ayuda de las familias chilenas por una reactivación con dignidad, la presidenta del Senado, Ximena Rincón, exigió un pronunciamiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Al respecto, la senadora precisó que “cuando todo el país hace esfuerzos para superar la pandemia, hay empresas que con malas prácticas y sobre cobros obtienen ingresos por más de mil 500 millones de dólares. Es inaceptable”.

“Es fundamental eliminar todas las prácticas que atentan contra la libre competencia en el mercado del gas, por lo mismo, presentaremos un proyecto de ley con este propósito y así terminar con sobre precios a los consumidores que superan los mil 500 millones de dólares”, detalló Rincón.

Esto, luego que la Fiscalía Nacional Económica emitiera un rotundo informe en que concluye que “el mercado del gas no está funcionando” y que no es “no es suficientemente competitivo”, por lo que recomienda una serie de medidas que permitirían reducir el precio de este combustible en al menos un 20 por ciento.

En este escenario, la legisladora recalcó que es lamentable que, en un escenario en que todo el país hace esfuerzos por superar, la pandemia, haya empresas que persistan en malas prácticas para aumentar sus ingresos, afectando especialmente a las familias más pobres y a la clase media.

“Oficiamos a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, porque es inaceptable que los usuarios paguen hasta un 20 por ciento de sobreprecio. Creemos que esto debe ser investigado, pero además vamos a presentar un proyecto de ley para eliminar las prácticas que impiden la libre competencia en este mercado y que hoy permite sobre cobros que en su conjunto superan los mil 500 millones de dólares. Esto es inaceptable”, aseguró la parlamentaria.

Finalmente, Ximena Rincón indicó que en una década el precio del gas se ha duplicado y en el informe de la FNE podrían estar parte de las causas de esta realidad que sufren miles de hogares, razón por la que consideró que las recomendaciones de este organismo deben acogerse y prohibir las empresas participen ya sea directa o indirectamente, en la distribución minorista de gas licuado a los consumidores finales.