Su rechazo y molestia por el decreto de llamado a licitación internacional para la exploración y producción de 400 mil toneladas de litio, manifestó la diputada por Atacama, Daniella Cicardini (PS), señalándolo como “amarre de última hora de este gobierno de un negocio millonario y que entrega un recurso estratégico del país”.

Al respecto, la diputada socialista e integrante de la Comisión de Minería informó del envío de oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados y Diputadas al ministro de Minería y al Contralor General de la República, “por las tremendas dudas que nos genera las consecuencias de este llamado a pocos meses del fin del Gobierno”.

“Nos estamos enterando que ya en las últimas de su gobierno y casi entre gallos y medianoche, parece que el presidente Piñera pretende dejar sus propias “leyes de amarre”, entregando la explotación del litio de todos los chilenos y chilenas en una licitación internacional de 400 mil toneladas, sin diálogo, sin tener claridad del impacto medioambiental y en el agua de las comunidades y sin darle valor agregado a este recurso”, enfatizó la parlamentaria.

En esa línea, Cicardini añadió que “parece que además lo hace apurado, antes de que se le acabe el gobierno o que después la nueva constitución se lo impida a la derecha, y para poder entregar por hasta 29 años este nuevo negocio millonario, en una licitación que podría ser hasta un traje a la medida para SQM y el tristemente recordado yerno de Pinochet, Ponce Lerou”.

Debido a esto, la legisladora indicó que “haremos lo que esté en nuestras manos por revertir este proceso que nos parece impresentable, que inquieta también a sectores y dirigentes de la minería, Y que podría significar la pérdida una vez más de un recurso estratégico, que está también en Atacama, y que nos pertenece a todas y todos”, subrayó.

Entre los requerimientos de los oficios solicitados por la parlamentaria destaca el cuestiona al ministro de Minería en relación a “porque no se han elaborado políticas públicas orientadas a que sea el propio Estado quien se haga cargo no solo de su explotación sino que además en darle un valor agregado a mineral, que permita obtener mayores recursos para el Estado de Chile”, concluyó.