Este lunes terminaron los alegatos de los querellantes en el juicio oral contra cuatro acusadas por su eventual responsabilidad en la muerte de Lissette Villa y contra cuatro educadores de trato directo por su presunta participación en apremios ilegítimos en contra de otros cinco niños del mismo centro.

María Elena Santibáñez, abogada de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica, en representación de Fundación Para la Confianza, pidió al tribunal mantener la calificación de “apremios ilegítimos” para todos los imputados.

La mañana del lunes ante el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, se desarrolló la última jornada de alegatos de clausura por el caso de Lissette Villa, niña de 11 años que murió en abril del 2016 al interior de un centro del Sename. Por este hecho fueron imputadas por el delito de apremios ilegítimos las educadoras Conne Fritz y Thiare Oyarce, quienes habrían causado la muerte de Lissette, la ex directora del Cread Galvarino, Mónica Monje, y la educadora Jessica Figueroa.

Durante el juicio se logró acreditar que el 11 de abril de 2016, la ausencia de su mamá a una visita y su posible traslado al Cread Pudahuel, provocaron que la Lissette estuviera inestable emocionalmente. Según el Ministerio Público, ese día la niña fue víctima de distintos apremios ilegítimos, siendo el último de los episodios el ocurrido a las 20 horas y que provocó su muerte.

En la primera jornada de alegatos de clausura, el tribunal informó sobre una posible recalificación de delitos, incluyendo el tipo penal de homicidio y cuasidelito de homicidio. Al respecto, la abogada querellante, María Elena Santibáñez, señaló que “el llamado a recalificar estas conductas supone desconocer absolutamente las conductas previas ejecutadas por las imputadas, en el sentido de apremiar ilegítimamente y dolosamente a Lissette”. Además, llamó al tribunal a considerar que el homicidio de Lissette no se debió a un descuido, sino que éste se produjo “en el contexto del apremio ilegítimo, plenamente imputable a las autoras”.

Sobre la situación de la ex directora del Cread, Mónica Monje y de la coordinadora de turno de los educadores de trato directo, Jessica Figueroa, Santibáñez dijo: “su obligación era velar porque se respeten las reglas y se proteja la vida y la integridad física de los niños y niñas”. Sin embargo, ambas imputadas habrían estado al tanto del estado de Lissette y de los apremios a los que fue sometida durante ese día y no intervinieron, a pesar de tener la autoridad para hacerlo.

Durante la investigación por este hecho, el Ministerio Público identificó otros seis casos, incluido el de Lissette Villa, de niños que sufrieron apremios ilegítimos entre 2015 y 2016 en ese mismo centro del Sename, siendo formalizados por su presunta participación en estos hechos los educadores Luis Cerda, Luis Campodónico, Leonardo Lefián y Juan Arrué.

Al respecto, Santibáñez aseguró que el único tipo penal capaz de absorber todo el desvalor de las conductas de los implicados, es el de apremios ilegítimos, ya que los hechos se tratarían de “un castigo corporal practicado con intención de castigo, pero aún más, de un castigo contra el primer sujeto de protección que tiene el Estado, esto es, niños. Aún más, niños que están en una situación de máxima desprotección, que no cuenta con redes familiares, y que por lo mismo ha tenido que ser objeto de la intervención del Estado, internándolos en estos centros especiales, ¿y qué hacen estas personas que encarnan al Estado, estos empleados públicos? infringen castigo a estos menores de edad”.

Para el director ejecutivo de Fundación Para la Confianza, José Andrés Murillo, estar ad portas del término del juicio por este caso es un importante hito en las históricas vulneraciones a los derechos humanos que han afectado a niños, niñas y adolescentes bajo custodia.

“Después de cinco años ya estamos prontos al cierre de los alegatos en el juicio por el triste fallecimiento de Lissette Villa, la niña que estaba a cargo del Estado en un Centro del Sename, y quiero ser enfático: ella estaba bajo la responsabilidad del Estado, y muere no en circunstancias externas, sino justamente en ese contexto de estar a cargo. Aquí, si bien ha tomado mucho tiempo, quiero resaltar el hecho de que el Estado es responsable y tiene que responder” indicó.

Sobre las implicancias que podría tener el resultado de este juicio, Murillo dijo que le gustaría que fuera una señal para todos los niños, niñas y adolescentes del país que “el Estado se manifieste con justicia, transparencia, con verdad, y con reparación para su familia y para todos los otros niños, niñas que han estado bajo la protección del Estado durante muchos años a través del Sename”.

Este martes se inician los alegatos de clausura de las defensas de los imputados, y se espera que el tribunal de su veredicto la última semana de noviembre.