El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú ha informado de que actualmente “no existe pedido de indulto” para el expresidente del país Alberto Fujimori pero que, en caso de que sí se presentase, este sería evaluado “conforme a la Ley”.

“Aclaramos a los medios de comunicación que actualmente no existe pedido de indulto en beneficio de Alberto Fujimori. De presentarse, se evaluará conforme a la Ley, tal como lo señaló el ministro (de Justicia) Aníbal Torres”, ha detallado el Ministerio en sus redes sociales.

De esta forma, el ente ha matizado las palabras lanzadas horas antes por Torres, quien en declaraciones a la emisora Exitosa había apuntado la posibilidad de “pensar en un indulto humanitario” a favor de Fujimori si su estado de salud empeorase.

“La situación de estado de salud del expresidente Alberto Fujimori, que ha cometido delitos gravísimos, (…) ha empeorado considerablemente. Una junta de médicos lo tiene que examinar y si la enfermedad es de tal gravedad, por supuesto que es posible pensar en un indulto humanitario”, ha defendido Torres.

El ministro ha apuntado que esta sería una decisión “razonable” en la medida en que si el exmandatario “se encuentra gravemente enfermo”, sería “lógico” que pudiera pasar sus últimas horas en su domicilio. “Se estudiará el indulto, pero eso será después de haberse realizado un examen por una junta de médicos”, ha expresado.

Fujimori, padre de la líder de la formación opositora Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue trasladado hace una semana a una clínica en la capital del país, Lima, para someterse a unos “exámenes urgentes” por su baja saturación relacionada con “fibrosis pulmonar”, según los médicos.

Así lo detalló la propia Keiko, quien publicó un mensaje en sus redes sociales donde expresaba que su padre estaba siendo sometido a “una serie de exámenes especializados que les permitirán (a los médicos) confirmar su diagnóstico y el tratamiento más adecuado para enfrentar esta nueva dolencia”.

El expresidente, que sufre de manera regular problemas de salud, fue extraditado desde Chile en el 2007 para ser juzgado por delitos de lesa humanidad por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, en las que fueron asesinadas una veintena de personas, por los que cumple actualmente una condena de 25 años en una penal dentro de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).

AgenciaUno/EP