La política de obligatoriedad de las vacunas para los trabajadores de la salud, decretada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha visto detenida de forma temporal después de que un juez federal haya emitido este sábado un fallo en contra.

Así, el juez federal de Luisiana ha emitido un fallo que provoca la marcha atrás de la normativa para los empleados de la salud a nivel nacional pero que trabajen en centros que reciban fondos federales.

Este fallo se produce después de una decisión similar tomada por el juez federal con sede en Missouri por la cual se bloquea la obligatoriedad de vacunación para los trabajadores de la salud en diez estados del país.

Por otro lado, desde Kentucky se ha hecho lo propio para aquellos contratistas federales del propio estado, así como de Ohio y Tennessee, recoge el diario estadounidense ‘The Hill’, que apunta que estos son tan solo los últimos reveses que ha recibido esta norma, criticada desde su nacimiento.

Tras esta decisión, la fiscal general de Virginia Patrick Morrisey ha celebrado en un comunicado lo que considera una “decisión sensata” que fomenta “las libertades individuales de los trabajadores de la salud”.

“Nuestro grupo (los republicanos) ha impedido con éxito que este mandato entre en vigor por el momento, y creemos que el mandato se anulará permanentemente en el futuro”, ha aventurado Morrisey.

Bien es cierto que los fallos contra el mandato de los trabajadores de la salud mencionaban una serie de preocupaciones sobre que esta política podría conducir a una escasez de personal en base al número de empleados que se oponen a las vacunas.

Desde la Casa Blanca han argumentado que la medida es necesaria para frenar la propagación del COVID-19 entre el personal sanitario que está en primera línea de acción contra el virus, y más ahora con la aparición de la nueva variante ómicron.

AgenciaUno/EP