Favorecido por un acuerdo previo con la mayoría de las asociaciones de funcionarios, la Sala de la Cámara aprobó y despachó a segundo trámite el proyecto que reajusta las remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos y otros beneficios adicionales.

Efectivamente, el texto tiene como base el Protocolo de Acuerdo firmado el 2 de diciembre pasado. Al él concurrieron el Gobierno, la CUT y 14 organizaciones gremiales del sector público. Sus lineamientos apuntaron a concordar los componentes económicos; una agenda de trabajo 2021-2022 (considera trece mesas de trabajo); y el compromiso de realizar cuatro estudios durante 2022.

Según lo comunicado en el informe de la Comisión de Hacienda, rendido por el diputado Leopoldo Pérez (RN), los beneficios alcanzarán a cerca de 800 mil funcionarios activos y 2,5 millones de personas del sector pasivo.

En concreto, la propuesta presenta un reajuste general para los trabajadores del sector público de 6,1% a contar del 1 de diciembre de 2021. Esto afecta a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás atribuciones en dinero (imponibles para salud y pensiones) o no imponibles.

También reciben este beneficio los directores, educadores de párvulos y asistentes de la educación de establecimientos VTF. Igualmente, aquellos regidos por la Ley 21.109, es decir, los regidos por el estatuto de los asistentes de la educación.

Se excluyen expresamente las cuatro categorías de sueldos más altos de la escala pública. Ello incluye a las altas autoridades del país del ámbito público (Presidente de la República, ministros y parlamentarios, entre otros). En este marco, el mensaje recuerda la aplicación de la Ley 21.233, que fija un mecanismo por medio de la Alta Dirección Pública para el reajuste de remuneraciones y dietas.

Otros beneficios

La iniciativa incluye los respectivos aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias; el bono de escolaridad y la bonificación adicional asociada a este. El tope de remuneración bruta para ser partícipe de estos beneficios será de $2.790.225. Ello, excluidas las asignaciones asociadas a desempeño individual, colectivo o institucional.

También se considera el aporte al servicio de bienestar; la bonificación de nivelación; y el bono de invierno para pensionados ($70.336). Adicionalmente, contempla los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad para pensionados.

Junto a lo anterior, el texto define una bonificación extraordinaria para enfermeras, matronas, enfermeras-matronas y otros profesionales de colaboración médica. Asimismo, extiende el plazo para el incremento de la subvención educacional; incluye el bono de vacaciones; una asignación para el equipo de planta y contrata del Servicio Médico Legal; prolonga la vigencia del bono anual a los funcionarios de las regiones extremas; posibilita labores de teletrabajo en algunos servicios; y permite el traspaso de personal a honorarios a contrata hasta en cinco mil personas, entre otras variadas normas.

Debate y votaciones

En la discusión, se valoró ampliamente que el proyecto llegara a trámite con el acuerdo de la CUT y 14 de los 16 gremios participantes. Asimismo, se reconoció el esfuerzo en algunas de las materias de la propuesta, como la entrega de un bono de término de conflicto de 190 mil pesos, para los tramos de menores recursos, y de 90 mil para los restantes.

Sin embargo, también hubo coincidencia en algunas críticas. En este ámbito estuvo la poca claridad de los recursos para las funcionarias de los jardines VTF y asistentes de la educación. De igual modo, se refutó que no se incluyera, nuevamente, un Bono Covid, para los funcionarios del área de la Salud, como ocurrió el año pasado.

Participaron en el debate Tucapel Jiménez (PPD), Daniel Núñez (PC), Boris Barrera (PC), Gael Yeomans (PCS), Ricardo Celis (PPD), Iván Flores (DC), Manuel Monsalve (PS) y Joanna Pérez (DC). Por el Gobierno expuso el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber.

Al momento de las votaciones, la idea de legislar se aprobó en dos tramos: las normas generales, en forma unánime; y las de quórum calificado, por 120 votos a favor y una abstención. En votaciones se paradas, se ratificaron dos de las tres normas cuestionadas y solo se rechazó una relativa a la eliminación de una disposición referente a subvenciones a establecimientos educacionales.

Asimismo, se aprobó una indicación renovada por 97 votos a favor, 1 en contra y 23 abstenciones. Esta indica que, con cargo a estos recursos, el Ministerio de Salud podrá conceder un bono especial de reconocimiento por emergencia sanitaria por Covid-19 al personal que se desempeñe en los establecimientos de la red de servicios de salud y hospitales experimentales, en los mismos términos que el entregado en la ley de reajuste del año pasado. El Gobierno hizo reserva de constitucionalidad sobre la materia.