La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) interpuso una serie de demandas ante los tribunales de justicia con el objetivo de recaudar deudas históricas que las empresas prestadoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE) tienen con el servicio, por un monto cercano a los 30 mil millones de pesos.

Se trata de 25 empresas que han incurrido en incumplimientos de contrato asociados a diferentes licitaciones a lo largo del país, las que no han sido saldadas oportunamente. Esto forma parte de un esfuerzo de la institución por concluir procesos pendientes, que va de la mano con la modernización del Servicio cuyo objetivo es ser más eficiente, enfocado en los usuarios y adaptado a los nuevos tiempos.

Esta nómina está compuesta por empresas cuyos contratos ya no están vigentes con el Servicio, y cuyas boletas de garantía están vencidas, por lo que el camino a seguir es en los tribunales de justicia.

Además, el plan también abarca medidas acerca de otras compañías que tienen o han tenido contratos con Junaeb, a las que se les cobrará las boletas de garantía, en el caso de haber terminado ya su relación con la institución o que derechamente se les descontará lo adeudado mensualmente.

El director nacional, Jaime Tohá manifestó que “hemos intentado que las empresas paguen estas deudas que creo fehacientemente que es necesario saldar. Tal como lo establece la Contraloría, es una obligación administrativa de las empresas el pago de las multas, y en Junaeb estamos haciendo todo lo necesario para llevar a cabo el cumplimiento de esas obligaciones, ya que no hay ninguna justificación para que las multas no sean pagadas”.

De acuerdo con las nuevas bases de licitación, aquellas empresas que mantengan deudas con el Estado podrán ver afectada su participación en procesos futuros, ya que disminuye su puntaje en las fichas técnicas que deben presentar.

“En las nuevas licitaciones hemos endurecido las exigencias del proceso, para concentrarnos en asegurar la calidad de nuestro Programa de Alimentación Escolar. No se trata de sancionar por sancionar a los proveedores, sino que de asegurar el cumplimiento de las empresas en todo sentido”, agregó la máxima autoridad de la institución.