Una detención en la ciudad de Antofagasta a un individuo que almacenaba cable de cobre cortado y que no pudo acreditar su origen, fue el inicio de una búsqueda de inteligencia aduanera e investigativa en la que participaron las Fiscalías de Antofagasta, de San Antonio y la PDI, que concluyó en el puerto de San Antonio con la incautación de 12.601 kilos de cable de cobre robado, que estaban almacenados en 19 maxi sacos, listos para partir vía marítima a Corea del Sur. 

Así lo dio a conocer el director nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, junto a los subsecretarios de Prevención del Delito, María José Gómez, y de Telecomunicaciones, Francisco Moreno, además de autoridades del Ministerio Público y la PDI, quienes concurrieron a San Antonio para verificar los detalles del caso.

Palma destacó que “la detención de un sujeto en Antofagasta y las ordenes de investigar determinaron que estudiáramos toda la documentación aduanera de esta persona. Así descubrimos que participaba en una sociedad que exportaba chatarra de cobre”.

“Nuestra Unidad de Análisis de Riesgo logró marcar dos contenedores que se encontraban en San Antonio listos para embarcar rumbo a Corea del Sur. La revisión de la carga por parte de nuestros funcionarios, la PDI y peritos especializados determinó que efectivamente se trataba de cables de cobre robados”, agregó.

El avalúo aduanero de las más de 12 toneladas de cobre es cercano a los 87 millones de pesos, sin perjuicio del valor comercial en el que puede transarse en el comercio informal.

Por su parte, el subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Moreno, indicó que “el efecto que genera el corte y posterior robo de la infraestructura de los servicios de telecomunicaciones es sin lugar a duda un efecto muy negativo en las personas y familias, también es muy negativo desde el punto de vista de la seguridad, de la imposibilidad de ciertos sectores de poderse comunicar con los servicios de emergencia”.

“Hoy tenemos en nuestro país alrededor de 5.3 eventos de cortes de cable de servicios de telecomunicaciones y es por eso que estamos empujando con especial decisión un proyecto de ley que se va a votar el próximo 1 de marzo en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, que impone penas mayores al delito de corte de cable de servicios de telecomunicaciones”, señaló.

En la misma línea, sostuvo que “nos estamos haciendo parte como Subtel en la distintas causas de las denuncias y en las querellas criminales presentadas, de modo que podamos hacer un adecuado seguimiento de quiénes son las bandas, las organizaciones de carácter criminal que nos están impidiendo contar con una buena conectividad”.

A su vez, la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, felicitó el trabajo intersectorial permite enfrentar el robo de cables de cobre que tanto perjuicio le causa a nuestras familias, empresas, a las pymes, en momentos en que la conectividad es crucial.

En tanto, el Fiscal Jefe de San Antonio, Osvaldo Ossandón, indicó que “este tipo de diligencias no puede ser realizada sin un trabajo conjunto de todos los actores. Como Fiscalía estamos preocupados de todas las víctimas de estos delitos: los propietarios de las empresas, los servicios públicos que se ven defraudados con estas acciones, las policías y por supuesto, las personas. Ha habido épocas en que este contrabando ha causado estragos en las poblaciones”.

Finalmente, la jefa de la Prefectura de la PDI de San Antonio, subprefecta Siomara González, agradeció el trabajo de las Brigada de Robos de la PDI de Antofagasta y de San Antonio, así como la colaboración de la empresa de telecomunicaciones y de Aduanas que permitió evitar esta exportación.

Respecto al trabajo interinstitucional para combatir este tipo de tráfico, cabe destacar que el año pasado se firmó un protocolo conjunto entre Aduanas y el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos del Ministerio Público que permite la coordinación entre el Servicio, las fiscalías, las policías y las empresas afectadas.

Este caso se suma a otro similar ocurrido en agosto del 2021, cuando la misma Aduana de San Antonio recibió una orden judicial verbal del Fiscal de Foco de la Región de O’Higgins para abrir 3 contenedores relacionados con una investigación en curso sobre robo de cables. El caso concluyó con el hallazgo de 72 toneladas de cables de cobre y aluminio reconocido como robado.

FOTOS: Subtel