La Contraloría General de la República solicitó al Ministerio del Interior informar si la vacuna contra el COVID-19 tiene carácter obligatorio para los funcionarios de la salud.

La medida fue tomada debido a una consulta formulada por el director del Hospital de Talagante, Claudio Román Codoceo, quien estima pertinente asegurar la vacunación de todos los funcionarios de la salud, toda vez que son los principales expuestos.

En este contexto, Román señaló que “lograr que todos funcionarios de la salud cuenten con el esquema completo de vacunación, es un acto consecuente con las medidas preventivas que se le exigen a la población, y por otro lado, redobla la seguridad de nuestros funcionarios frente a cualquier variante que pudiese aparecer”.

“Es increíble que después de dos años de COVID-19, este tema aún no esté claro para la primera línea de salud”, agregó el directivo.

En el documento enviado a la Contraloría, se plantea que “sucesivas consultas relativas a la exigibilidad que pudiera hacerse a nuestros funcionarios y servidores en orden a contar con su sistema completo de vacunación contra el COVID-19, pese a que normativamente no resulta posible tal exigencia”.

El 17 de febrero, el ente contralor evacuó la solicitud al Ministerio de Interior, otorgándole 10 días para responder.

En su argumentación, Román indica que “en el art. 184 del Código del Trabajo, que consagra el principio conforme al cual, el deber de cuidado radica en el empleador hacia sus trabajadores y consiste en la adopción por parte de aquel, de diversas medidas de seguridad en orden a proteger y resguardar la vida y la salud de sus trabajadores”.

“Este tema es prioritario no solo para el tema puntual de coronavirus, sino también para cualquier situación de epidemia que se presente y frente a la cual, siempre se opte por apoyar y fortalecer a la primera línea de la salud, quienes por su desempeño, estarán expuestos la casi totalidad de sus horarios de trabajo”, añadió.

En otro punto de su argumentación, el director del Hospital de Talagante alude a la “jurisprudencia de Contraloría General de la República que con el Dictamen N° 3.610, de 2020, indica que ‘ante una pandemia como la que afecta al territorio nacional, corresponde a los órganos de la Administración del Estado adoptar las medidas que el ordenamiento jurídico les confiere a fin de proteger la vida y salud de sus servidores, evitando la exposición innecesaria de estos a un eventual contagio; de resguardar la continuidad del servicio público y de procurar el bienestar general de la población’”.