Tras siete años de tramitación, dos años en la Comisión Mixta, esta última instancia -formada por los parlamentarios de las comisiones de Salud de la Cámara y del Senado- aprobó ayer martes el proyecto de ley que busca regula la comercialización de los medicamentos bioequivalentes genéricos y que es más conocida como Ley de Fármacos II.

La iniciativa también pretendía prohibir la integración vertical de laboratorios y farmacias, pero ese punto fue rechazado.

Al respecto, el senador Guido Girardi, uno de los autores de la iniciativa, señaló que “las leyes son perfectibles y soy partidario del término de la integración vertical -era parte del diseño original de la ley- porque considero que las marcas propias de los genéricos son una estafa que se debe terminar”.

El parlamentario agregó que “se trata del mismo producto sólo que en otro envase y con otro nombre, pero vale hasta un mil % más caro. Eso distorsiona el mercado y obliga a las farmacias a tener una cantidad de productos que les impide comprar como mayorista todas las marcas. Es una distorsión que debe terminar… pero se perdió esto y hoy es inadmisible”.

Girardi valoró “que hayamos podido terminar esto, porque a través de todo el proceso legislativo ha habido un lobby gigantesco de parte de una de las cadenas -Salco- para impedir su aprobación, lo que me parece anómalo en la tramitación de una ley que busca bien público. Finalmente, el gobierno presentó una indicación sustitutiva que va a permitir avances lo que beneficiará a toda la sociedad, particularmente a los pacientes de menores recursos”.

Por su parte, el senador Rabindranath Quinteros, presidente de la comisión, señaló que “la iniciativa va en directo beneficio de las personas pues, no sólo regula los precios, sino que otorga a los medicamentos calidad de bienes esenciales para el interés de la nación y la salubridad pública”.

También “fortalece la autoridad sanitaria, establece exigentes estándares a la industria y altas multas para los infractores; norma y obliga a declarar los conflictos de intereses; regula a los visitadores médicos para evitar que induzcan la prescripción en los establecimientos públicos; transparenta y no discrimina en ventas mayoristas de laboratorios a farmacias; prohíbe contratos injustificados entre proveedores y farmacias; establece nueva regulación de dispositivos médicos (registro, exigencias de producción, etc.) y de droguerías y depósitos (autorización, dirección, fraccionamiento, etc.)”, sentenció.