El diputado Andrés Celis, representante del distrito 7, recurrió a la Contraloría Regional de Valparaíso, solicitando que revise todo el procedimiento administrativo llevado a cabo en la licitación pública por el arriendo de cámaras de televigilancia en Viña del Mar.

La solicitud que vuelve a surgir tras la visita del parlamentario a la Central de Comunicaciones de Carabineros en la comuna, donde pudo verificar que sólo habían 4 aparatos operativos para resguardar la seguridad de la ciudad jardín.

En julio de 2021, la alcaldesa Macarena Ripamonti propuso no renovar el contrato con la empresa Global Link, argumentando una gestión deficiente y esperando que en menos de 60 días se iniciara un nuevo sistema con alta tecnología y hasta reconocimiento facial. 

La licitación no estuvo exenta de problemas y retrasos, debiendo realizarse cambios en el contrato por errores administrativos y de fechas.

Así, en septiembre recién pasado, se propuso un trato directo con la empresa INGESMART para el arriendo de 36 cámaras con un costo mensual (5 meses) de $28 millones y una inversión municipal de $140 millones.

Sin embargo, el día anterior a que se votara en el Concejo, la Municipalidad recibió ofertas de licitación pública para el arriendo de 122 cámaras por 36 meses y aproximadamente $30 millones mensuales.

La operación llamó la atención por la gran diferencia entre lo propuesto. Al no dar explicaciones suficientes, el concejo rechazó la propuesta de trato directo.

Durante un concejo celebrado en agosto 2021, la directora de Seguridad Ciudadana reconoció haber sostenido conversaciones telefónicas y de correo con el gerente de Ingesmart, lo que vulneraría gravemente los principios de probidad administrativa, así como el de igualdad de los oferentes.

Finalmente, el 24 de diciembre se firmó el acuerdo con INGESMART, dando un plazo de 60 días corridos (vencía el 22 de febrero) para la instalación de 122 cámaras de televigilancia, que serían manejadas por personal de Carabineros y municipal. 

Celis aseguró que “hasta la fecha y, a pesar de todo el tiempo transcurrido, sólo hay 4 cámaras funcionando en toda la comuna de Viña del Mar y deben haber responsables administrativos por esto. Más allá de los evidentes problemas de seguridad que causa esta lentitud en la licitación y ejecución; también existen dudas fundadas sobre vulneraciones a los principios de probidad e igualdad de los oferentes, lo que merece ser analizado y estudiado por la Contraloría de la Región de Valparaíso”. 

“La última licitación, que aún no trae frutos para la comuna, podría ser incluso invalidada por la no ejecución en los tiempos establecidos y las falencias en probidad. No es aceptable que funcionarios municipales sostengan conversaciones directas y privadas con una empresa, cuando en paralelo existe un proceso licitatorio.”, agregó. 

“Lamentablemente, los más afectados han sido los ciudadanos tanto de Viña del Mar como los turistas, quienes han visto el aumento en la delincuencia, mientras Carabineros se las arregla como puede para resguardar la seguridad sin cámaras de televigilancia en el centro ni en los cerros de la ciudad”, finalizó el parlamentario.