El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó oficialmente que su Consejo decidió por mayoría no presentar una querella criminal por la eventual comisión de delitos de lesa humanidad durante el estallido social en el país iniciado en octubre de 2019.

El INDH informó, mediante un comunicado, que “el análisis de los antecedentes disponibles a la fecha no permite configurar la concurrencia de un ilícito de tales características, según lo dispone el Estatuto de Roma y la propia ley chilena”.

“En efecto, la información con la que se cuenta, recabada y analizada por el propio INDH, no supone concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población”, agrega la institución en el documento emitido esta mañana.

El INDH aclara que, no obstante, se mantiene la política de “persecución penal”, que consiste en perseguir judicialmente la responsabilidad de los agentes del Estado que vulneraron derechos humanos durante el estallido, y agrega que se han presentado más de 3.000 querellas criminales por hechos y denuncias.

El comunicado finaliza con un llamado al Ministerio Público y a los tribunales de justicia a que investiguen y sancionen a los presuntos responsables de violar los derechos humanos.

En abril de 2021, varias organizaciones sociales y de DD.HH. presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia contra el entonces presidente Sebastián Piñera por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante el estallido social.

No obstante, tras casi un año de evaluación, la CPI desestimó la acusación, al concluir que las situaciones que le han sido comunicadas “carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas”.

En diciembre de 2019, dos meses después del inicio del estallido social, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe en el que registró hasta entonces 26 muertos y centenares de heridos en el marco de las protestas; así como denuncias de torturas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias masivas en las manifestaciones.

En el documento, esa oficina de la ONU señaló que durante las protestas Carabineros y las Fuerzas Armadas incumplieron normas y estándares internacionales en los operativos contra los manifestantes, usando armas con consecuencias letales.