El ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, pidió este jueves a los miembros de la comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional que hagan los últimos esfuerzos para lograr acuerdos para alcanzar quórums requeridos en la instancia (3/5) y en el Pleno (2/3).

En su exposición del documento preparado y entregado por el Gobierno a los convencionales sobre la implementación de la nueva institucionalidad, en caso de que en las próximas elecciones del 4 de septiembre gane la opción por el “apruebo”, el secretario de Estado planteó que “me imagino que están exhaustos y exhaustas del trabajo realizado, pero la relevancia de lo que se discute ahora puede tener como corolario el que se hagan exigibles los derechos por los que tanto tiempo se ha estado luchando o que sean de difícil ejecución”.

Jackson advirtió que “de no haber artículos transitorios, muchas de las cosas por las que se han trabajado durante todo este tiempo en materia de artículos permanentes puede que queden en letra muerta”.

En esa misma línea, propuso que los nuevos quórum para aprobar leyes -mayoría simple de los presentes- o ciertas reformas constitucionales -mayoría de los parlamentarios en ejercicio- rijan desde el momento mismo que entre en vigencia la nueva Constitución, para ayudar a generar acuerdos para la legislación complementaria y permitir la implementación de la nueva institucionalidad, dado que actualmente, en el Congreso no hay un bloque que por sí solo tenga las mayorías suficientes.

Por ello, reiteró su idea de sumar a esta fase una Comisión de Implementación: “Cuando se trata de plazos y de calendarios, será la Convención la que mandate cuáles serán los plazos máximos en los temas en los que se ponga de acuerdo, pero en los que no lo logre, creemos que es importante delegar esa facultad eventualmente en esta Comisión de Implementación, que ponga un plazo que haga exigible al Ejecutivo e incluso también al Congreso el que esto no va a ser letra muerta y que va a tener una implementación”, argumentó.

En cuanto a materias de fondo, el titular de la Segpres sugirió que una implementación gradual es la forma más factible de hacer accesibles los derechos sociales consagrados en el borrador constitucional.

Esta semana, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, recordó esta semana ante la Comisión que el Presidente de la República puede dictar decretos con fuerza de ley para normas adecuatorias, es decir, adecuar normas que ya existen.

Por ello, en la Convención barajan ideas para asegurar que la leyes necesarias para normas y garantizar los derechos consagrados en el borrador constitucional no se entrampen en el Congreso actual y estén listas para la eventual implementación de la nueva Carta Fundamental.

Una de ellas es darle atribuciones al Ejecutivo para dictar, por decreto, algunas leyes que el Congreso no tramite o despache en tiempos definidos, según la materia.

En Apruebo Dignidad trabajan una propuesta para priorizar un catálogo específico y acotado de materias a asegurar, como los derechos a la vivienda, a la salud y y la educación.

“La idea es poder darle un mandato, vía disposición transitoria, al Ejecutivo para que presente un proyecto, y si el Legislativo no legisla en un tiempo razonable, darle la atribución específica para esa situación en particular al Ejecutivo para promulgar vía decreto por fuerza de ley”, explicó el constituyente Marcos Barraza (PC).

Esta postura la criticó el UDI Pablo Toloza, quien apuntó a la facultad que tiene La Moneda para acelerar debates en el Congreso. “Muy fácil, el Gobierno tiene la posibilidad de hacerlo mediante las urgencias. Será el Gobierno el que le imponga el ritmo al Legislativo en base a las urgencias, no necesita poner una especie de amenaza de que ‘si tú no lo haces, lo hago yo’, porque no es democrático”.

También cuestionó la propuesta el DC Fuad Chahín, quien advirtió que, “si tú sabes quién va a ser la persona que va a dictar ese decreto con fuerza de ley, no hay incentivo de sus partidarios para negociar nada en el Congreso; lo que plantea el ministro Jackson no tiene ningún sentido”.

A la vez, el documento del Gobierno advierte los efectos negativos que podría tener en la economía la eventual incertidumbre por una aplicación automática de la caducidad de los derechos de aprovechamiento de agua, que serán reemplazados con autorizaciones administrativas, por lo que plantea esperar hasta la promulgación de la ley que complementa el nuevo Estatuto Nacional del Agua.

Discrepó con ello la convencional Camila Zárate, ex coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente, apuntando que “el Gobierno tiene su opinión, y por supuesto que es legítima para la importancia que tiene la gobernabilidad. Sin embargo, no representa a la vocación constituyente o la opinión que tenemos en la Convención”.

“Dejar las cosas como están no es una opción; lo que hemos visualizado desde la comisión es una necesidad de que, al menos, la propiedad que existe con respecto a los derechos de aprovechamiento de agua no siga persistiendo, en la medida que no prolonguen este negocio de agua de la manera que se ha hecho hasta ahora”, afirmó.

La coordinadora de la Comisión de Normas Transitorias, Elisa Giustinianovich, sostuvo que “se está conversando aún si efectivamente se requiere poner determinadas urgencias o este mecanismo de los DFL como una medida alternativa en caso de que no pueda cumplirse un plazo por parte del Legislativo”.

“A mí me parece que hay que estudiar caso a caso, que efectivamente tenemos temas que son de carácter urgente como por ejemplo la administración de derechos sociales o por ejemplo la temática ligada al agua, que requiere que se ponga determinada urgencia y me parece que la discusión puede generar un consenso”, recalcó.