Los senadores Carmen Gloria Aravena y Manuel José Ossandón expresaron su preocupación por la información que se ha difundido respecto a la votación del proyecto de Reforma Constitucional sobre el dominio y uso de las aguas, subrayando que “el agua ya es un bien nacional de uso público de acuerdo a la legislación vigente (Artículo 5 del Código de Aguas) y es importante serios y responsables para abordar el tema”.

“El proyecto que se pretendía aprobar en el Senado resultaba contradictorio y descoordinado respecto de la reforma al Código de Aguas que actualmente discutimos en la Comisión de Agricultura. La discusión de ésta última iniciativa ha sido muy compleja, hemos recibido la opinión de diversas organizaciones de la sociedad civil para entregar en los próximos meses un informe serio y responsable para su votación en el Senado, que dice relación en primer lugar con la prioridad del consumo humano; además del derecho de aprovechamiento de aguas, su duración, su caducidad, el caudal ecológico, el tratamiento de aguas subterráneas, y un plan de cuencas muy relevante para el manejo sustentable de los recursos hídricos”, sostuvo Aravena.

Asimismo, la parlamentaria explicó que “el proyecto que se quería aprobar sólo planteaba temas genéricos, muy lejos de la bajada técnica que le ha incorporado el sinnúmero de personas y profesionales que han participado del minucioso trabajo que se ha realizado para regular cada temática relacionada con el uso del agua en nuestro país. Por esto considero necesario que se nos permita terminar con la regulación de este nuevo código de aguas y, posterior a esto, se pueda discutir una posible modificación constitucional del mismo”.

Por su parte, el senador Ossandón aseguró que la iniciativa legal que se discutió el martes en el Senado “se basa en una mentira”, porque en la actualidad el agua sí es un bien nacional de uso público y lo que tienen los regantes son Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA) y además la reforma al código de aguas busca arreglar muchos de los problemas que hoy existen.

“En Chile hay miles de pequeños y medianos agricultores que dependen del uso del agua y estos derechos les ha permitido también pedir créditos para desarrollar su emprendimiento. No es verdad que se privatizó el agua, no desconozco que han existido abusos que por supuesto hay que corregir, pero hay que aclarar que estos Derechos no son absolutos y cumplen una función social fundamental en un país que pretende convertirse en una potencia agroalimentaria”, indicó Ossandón.

Finalmente, ambos parlamentarios insistieron en que “no es verdad que el consumo humano no tenga prioridad, pues el artículo 27 del código de aguas señala que cuando un poblado no tiene agua para el consumo humano, el Presidente de la República puede expropiar los Derechos de Aprovechamiento de Aguas a terceros y esta facultad nunca ha sido usada por ningún gobierno”.