Las miradas de cuatro abogados constitucionalistas fueron expresadas en la comisión que analiza la acusación constitucional en contra del intendente metropolitano, Felipe Guevara, por la vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, lo anterior en el contexto de la crisis social vivida por el país.

El primer turno en la exposición fue del abogado Claudio Nash, quien refiriéndose específicamente a la estrategia de copamiento, señalada en la acusación, expresó que existió una anulación de los derechos de libre tránsito y reunión “desproporcionada”, que además se realizó en un espacio público altamente politizado.

A su juicio, el contexto de violencia a partir de la medida implementada por la autoridad ha derivado en un riesgo evidente de mayor violencia y de violaciones de derechos humanos, por lo que la medida además de restringir derechos más allá de lo permitido, tampoco resulta útil.

Frente a esto, el abogado citó lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde señala que la medida de copamiento (disponer de un gran número de fuerza policial en un espacio público, en esta caso en la plaza Baquedano) es “inconvencional”. A su juicio, se ha creado un Estado de Excepción de facto, usando el D.S. 1086, que regula el derecho a reunión. Agregó que más allá del actuar de carabineros, “la decisión política sigue siendo de la autoridad a cargo”.

Luego, fue el turno del abogado Jorge Correa Sutil, quien comenzó su exposición señalando que, si bien fue sondeado para defender al intendente, finalmente no asumió el caso y no se encuentra colaborando de modo alguno en su defensa.

El abogado constitucionalista fue muy crítico de la acusación en contra de Felipe Guevara, señalando que el libelo pone en una “posición incómoda” a las y los parlamentarios que la presentan, y también a quienes decidan votar a favor, pues sería un acto contrario a la probidad.

A su juicio, la acusación es “impertinente”, pues argumenta que el hecho de que el sistema jurídico regule el derecho a reunión por un decreto y no por una ley es defectuoso, eso no libera al intendente de su deber de mantener el orden público. “Quien ha abandonado esto es el legislador”, agregó.

Frente a esto, señaló que, tanto el Presidente de la República, como las y los legisladores serían los responsables de la violación de derechos que se argumenta en el libelo. Acusar al intendente por quienes son responsables “es un acto incoherente y deshonesto, contrario a la probidad”, enfatizó. Y agregó que quienes fueron intendentes quedan en una situación de la que solo pueden salir inhabilitándose de votar, pues ellos mismos realizaron este tipo de acciones y quedaron impunes.

Tras un breve receso, la comisión recibió al abogado Domingo Lovera. En su exposición, el constitucionalista respaldó la acusación en contra del intendente metropolitano, criticando la utilización de la estrategia de copamiento.

A su juicio, la protesta social es esencial para la democracia. Citando a la Corte Suprema, señaló que incluso es importante para generar debates en la opinión pública y, además, su ejercicio se encuentra amparado en la Constitución.

Para el abogado, el derecho de reunión se debe asegurar sin previo aviso, como ocurre por ejemplo, en el caso de las celebraciones. Y frente a esto, si lo importante es conciliar este ejercicio con el de otros derechos, no habría razón alguna para implementar un copamiento de un punto de encuentro.

Finalmente, fue el turno del constitucionalista Arturo Fermandois, quien se planteó en contra del libelo acusatorio. A su juicio, “lo que hay en la plaza Baquedano es una reunión permanente con grados variables de adhesión y un elemento constante que es la violencia”.

Frente a esto, señala que al ser un nuevo escenario, el intendente no puede seguir aplicando los mismo protocolos de eventos anteriores, por lo que “está en su deber de innovar”.

Para el abogado constitucionalista, la estrategia de copamiento parecería “proporcionada” e hizo un llamado a mirar los acontecimientos de una forma más “balanceada”.

VECINOS DE PLAZA BAQUEDANO

En la sesión se recibieron a vecinos afectados por las movilizaciones de plaza Baquedano y sus alrededores. La primera en exponer fue Gisselle Dussaubat, quien es vecina del barrio San Borja.

“Nos han masacrado, han violado todos nuestros derechos”, señaló en la instancia, agregando que “no se puede circular por mi barrio. Son milicias, escuadrones súper bien concertados”, asegurando además que teme por su vida y la de su familia. “Hasta dónde llegan sus derechos si nos están masacrando a nosotros para tener esos pseudo derechos que ellos exigen”, criticó.

Luego, José Monsalve, también vecino del sector comentó que “en este barrio si tú piensas distinto a la masa eres el enemigo y te mereces la violencia” y solicitó a los diputados que se pongan en el lugar de todos los vecinos afectados.

Una parte de la sesión de esta comisión fue secreta, con el fin de resguardar la integridad de vecinas y locatarios afectados por los saqueos e incendios que han afectado a este sector y que narraron los hechos, sumando antecedentes para la deliberación de la instancia.