Este martes, en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la justicia dio por cerrada la investigación iniciada por querella contra delito a la salud pública presentada por el Instituto de Salud Pública (ISP) contra quien resulte responsable, basado en una denuncia de Sebastián Contreras, paciente oncológico y miembro de la Comisión de Salud de Revolución Democrática (RD), a quien el cannabis le habría generado efectos no deseados.

En su testimonio de los hechos ocurridos hace casi dos años, alude a la Directora Ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri. La audiencia de comunicación de no perseverar en el procedimiento, que sólo tardó cinco minutos, estuvo a cargo de la magistrada Alicia Rosende.

“Estamos en el Centro de Justicia, donde nunca debimos haber estado, porque somos ciudadanos, somos usuarios medicinales de cannabis, somos familias que han encontrado en esta planta una mejor calidad de vida. No somos delincuentes, nos somos criminales, no somos traficantes: Estamos defendiendo el derecho soberano que nos asiste a encontrar las mejores vías para cuidar nuestra salud y la de la comunidad”, dijo la activista social, tras salir de la audiencia, donde estuvo acompañada de pacientes y usuarios de cannabis medicinal, junto a agrupaciones relacionadas como Fundación Mamá Cultiva, Fundación Tata Cultiva, entre otras.

“El actual gobierno ha iniciado en el año 2019, acciones que criminalizan y estigmatizan también a quienes promovemos la investigación, desarrollo y aplicación del cannabis para fines médicos con el objetivo de frenar este avance, llegando incluso a utilizar el derecho penal indebidamente para amedrentar y coartar nuestra labor”, agregó Gazmuri.