La Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago interpuso ante la justicia dos demandas civiles por indemnización de perjuicios y cuatro querellas contra quienes resulten responsables por los daños ocurridos durante las ocupaciones ilegales de cuatro liceos después del 18 octubre, donde se generaron daños a la infraestructura por $28.260.000 aproximadamente.

De esta forma se busca que los padres respondan por el actuar de sus hijos y los destrozos derivados de sus acciones, además de hacer efectiva la responsabilidad penal.

“Desde el día uno de nuestra administración implementamos una medida que es de sentido común como el Rompe – Paga, para terminar con la impunidad de quienes destruyen nuestros liceos, y nos hemos mantenido firmes en esa línea. Por eso instruí a la Dirección de Educación para que ejerciera las acciones legales necesarias para que quienes llamaron y lideraron las ocupaciones ilegales respondan por los destrozos y paguen las reparaciones. Se acabó el paga moya, no podemos estar malgastando recursos públicos en reparar daños que hacen terceros”, afirmó el alcalde Felipe Alessandri.

En el caso del Instituto Nacional, se interpuso una demanda contra los padres de los integrantes del Centro de Estudiantes, donde se individualiza a su directiva como responsables de la ocupación ilegal que se ejerció desde el 11 de noviembre al 4 de diciembre de 2019.

Durante ese período se realizaron una serie de actividades, como una tocata realizada el 14 de noviembre y la visita de la barra “los de Abajo” para planificar futuras manifestaciones el 16 de ese mismo mes.

La toma terminó con destrozos que ascienden a $3.880.000, principalmente rayados en muros; vidrios, ventanas y puertas destruidas. En este caso, además, se ingresó una querella penal contra quienes resulten responsables por el delito de daños.

También se presentó otra demanda contra los padres de las integrantes del Centro de Alumnas del Liceo Teresa Prats, quienes ocuparon ilegalmente el establecimiento entre el 5 de noviembre y el 24 de diciembre, acompañadas de un grupo de estudiantes y personas externas al liceo. La ocupación ilegal terminó con daños a la infraestructura avaluados en $10.253.370.

La acción judicial está acompañada por una querella contra dos personas que no pertenecen a la comunidad educativa, quienes firmaron el acta de entrega del establecimiento al sostenedor, haciéndose responsables del estado de las dependencias.

“Los padres no pueden desentenderse de las acciones de sus hijos. Por ser menores de edad, legalmente son ellos quienes deben responder por los actos de sus hijas e hijos, que se tomaron de manera ilegal los establecimientos y dejaron que ingresaran personas externas. Es tan simple como que si uno organiza una fiesta de manera ilegal en una casa ajena, y no es capaz de controlar a sus invitados, al menos debe hacerse responsable de los daños que ocurran”, aseguró Alessandri.

Las otras dos acciones judiciales corresponden a querellas contra quienes resulten responsables por las ocupaciones ilegales del Liceo Confederación Suiza e Instituto Nacional Barros Arana, que dejaron daños por 9.297.000 y 4.832.000 de pesos, respectivamente. En estos casos se optó por una figura legal distinta, al no poder individualizar con claridad a los responsables de convocar a la ocupación ilegal.

Desde 2017 hasta la fecha, la Municipalidad de Santiago ha ingresado ocho demandas civiles (Rompe Paga) y 19 querellas penales por daños y robos con motivo de ocupaciones ilegales, las cuales han sido declaradas admisibles y siguen su curso en la justicia.