Los diputados Alejandra Sepúlveda (FRVS), Jaime Naranjo (PS) y Diego Ibáñez (CS) expusieron ante el Senado los argumentos de la acusación constitucional contra el intendente metropolitano, Felipe Guevara.

La parlamentaria sostuvo que “es imposible empezar esta acusación sin entender el contexto social, político, que está viviendo el país y que en forma particular vivió los días que a esta acusación le toca estudiar, como son los días 20 y 27 de diciembre”, aludiendo a que todo comenzó el 17 de diciembre cuando el intendente anunció “tolerancia cero” a las movilizaciones no autorizadas, consigna Emol.

“A uno le cuesta pensar que un intendente, frente a la zona cero, al lugar más complejo que hoy día tiene el país, se desentienda de todo y que se lave las manos porque ‘Carabineros tuvo la culpa'”, sostuvo.

“La única pregunta que nadie contesta es quién es el responsable de esto. Para la Cámara de Diputados es el señor Felipe Guevara el responsable como intendente de la región Metropolitana”, reafirmó la diputada.

Al turno del diputado Naranjo, éste señaló que “no es casualidad que en este periodo de crisis hayan sido acusados el Presidente de la República, el ministro del Interior y ahora el intendente de la Región Metropolitana”.

“Es un derecho inherente a la dignidad de las personas, es un derecho de participación democrática y por ende una garantía basal del Estado de Derecho, por tanto, senadores es obligación de las autoridades garantizar los derechos constitucionalmente reconocidos”, agregó Naranjo sobre el derecho a reunión.

“Ustedes deben preguntarse si en este caso la política de tolerancia cero y actuaciones del intendente Guevara cumplen los requisitos de legalidad, si persiguen un fin legítimo y si fueron necesarias y proporcionales”, recalcó Naranjo.

En tanto, Diego Ibáñez (CS) aseguró que la acusación es algo “político” y no “penal”.

“¿Es autónomo Carabineros a la hora de diseñar su estrategia policial de copamiento? ¿Quién manda a quién?”, consultó Ibáñez, quien leyó la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional y concluyó que “el intendente tiene funciones de Gobierno”.

“El Estado tiene el monopolio de la fuerza y la única forma que tenemos para que este monopolio responda al interés público es la confianza y la legitimidad que le da la sociedad a quien ejerce el monopolio”, aseguró.