Durante los primeros tres meses del estallido de la crisis social en el país, el Gobierno presentó un total de 504 querellas invocando la Ley de Seguridad del Estado.

Según el último balance, entre el 18 de octubre del año pasado y el 17 de enero de 2020, más de 500 denuncias de este tipo interpuso el Ejecutivo, contrastando con las 8 presentadas el año anterior.

Estas cifras han sido cuestionadas recientemente, luego d}que desde LA Moneda no hayan decidido aún hacerse parte por el caso dela compra y venta de un fusil AK-47.

Al respecto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó que “la señal política es de total coordinación con la Fiscalía, de tal manera que contribuyamos a la investigación y no la obstaculicemos o entorpezcamos”, según consigna Radio Cooperativa.

“Conversé con el fiscal, requerimos los antecedentes y la respuesta de la Fiscalía fue que esta investigación había sido declarada secreta y que los antecedentes iban a ser liberados una vez que se deshaga esa reserva”, agregó la autoridad.

Por su parte, el abogado penalista Mauricio Daza, aseguró que “esto reafirma que finalmente la Ley de Seguridad del Estado es una ley la cual básicamente lo que hace es criminalizar las manifestaciones que van en contra del gobierno de turno”.

Por lo mismo, el jurista indicó que la normativa debiese ser revisada o derogada, ya que a su juicio, “para la persecución de estas conductas basta el ordenamiento jurídico general y la aplicación del derecho penal normal, con las garantías que proceden en todo este ámbito”.

Según consigna la emisora, desde el inicio del estallido social en octubre del año pasado, se han presentado casi 4 mil querellas por desórdenes públicos, 4.300 por saqueos, 3 mil por receptación, más de mil por maltrato de obra a Carabineros y 292 por incendio.