Este jueves Amnistía Internacional (AI) presentó su informe anual 2019 sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile y el resto de América.

Roberto Morales, vocero de AI, afirmó que el documento “tiene una mirada de todas las Américas y el panorama es desalentador. Millones de personas echaron a las calles para protestar contra la violencia, desigualdad, corrupción e impunidad”.

Además, agregó que “muchos Estados, como Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Honduras, Bolivia, Venezuela y Nicaragua, respondieron con represión. En el contexto de manifestaciones murieron al menos 210 personas, 31 de ellas en Chile”.

Además, afirmaron que “se restringió el derecho al asilo de las personas en movimiento. Otro flagrante desprecio de las obligaciones contraídas en virtud del derecho nacional e internacional. Los principales afectados son personas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela”.

AI también documentó el “uso de armas letales. Uso de armas “menos letales” – perdigones, balines. Uso de gases lacrimógenos, usualmente impulsados con lanzagranadas. Ataques a observadores, periodistas, fotógrafos”.

Ana Amancay, directora ejecutiva de la organización, señaló que en Chile se mantienen “deudas importantes para asegurar verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones a los DD.HH. y sus familias. Tanto las cometidas durante la dictadura, como las cometidas en el presente”.

“La impunidad del pasado no queda en el pasado. Tiene efectos concretos en el presente. No hacernos cargo de las graves violaciones de derechos humanos en la dictadura, es lo que facilita que hoy estemos enfrentando también violaciones de derechos humano”, añadió.

Por otra parte, se informó que “el año pasado la Corte Suprema dejó sin efecto el fallo en el caso Norin Catriman, dando cumplimiento a la decisión de la Corte Interamericana de DD.HH. (2014), otorgando una tardía reparación por el juicio injusto al que fueron sometidos desde 2002”.

Pese a esto, acusaron que “la Ley Antirrorista sigue vigente. Modificaciones ordenadas por el fallo de la Corte no se han hecho y en casos recientes se han vuelto a cometer las mismas infracciones al debido proceso aplicando dicha ley”.

Amancay expresó que “así como hemos criticado el uso de la Ley Antiterrorista como forma de criminalización, ahora se agrega la preocupación por el uso de la Ley de Seguridad del Estado”.

“La ley tiene tipos penales muy vagos, dejando la calificación de los conceptos en manos del ejecutivo, lo que vulnera el principio de legalidad. En algunos casos, es contraria al derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión”, indicó la directora ejecutiva de AI.

En la misma línea, indicó que “con más de 900 querellas por Ley de Seguridad del Estado presentadas por el gobierno, se genera un alto riesgo de criminalización de la protesta social”.

Amnistía manifestó por otra parte que “la implementación de la Ley de Aborto en Tres Causales ha sido deficiente. El desconocimiento en todos los niveles de cómo debe aplicarse con frecuencia ha sido un obstáculo, así como la extensión de la objeción de conciencia”.

Asimismo, argumentaron que “la entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género es una buena noticia, aún cuando hay espacio para mejorarla”.

También esperan seguir “viendo avances legislativos, hay proyectos de ley sobre ESI, matrimonio igualitario, derechos filiativos, adopción por parejas del mismo sexo, y está además pendiente una reforma a la Ley Antidiscriminación”.

Sobre migración, AI se mostró crítica con el llamado “proceso de regularización extraordinaria”, y con “medidas restrictivas impuestas por el gobierno para el acceso de personas extranjeras”.

Acusaron que esto solo “aumenta el riesgo de irregularidad, lo cual no beneficia a nadie y pone a las personas extranjeras en mayor riesgo de vulneraciones de sus derechos, comentó Amancay.

“Quizá lo más triste de este balance es ver cómo Chile, a través de las decisiones del Presidente Piñera y su gobierno, se ha sumado a la lista de los gobiernos intolerantes y con tendencia autoritaria, que dedican su tiempo a reprimir la protesta en lugar de escuchar demandas”, señalaron en las conclusiones del informe.

También aseguraron que “con el estallido social en octubre, la deuda sólo ha crecido, y mucho. No hay un control del orden público efectivo. Los hechos de violencia, como saqueos o incendios, siguen produciéndose, a veces ni siquiera claramente vinculados con manifestaciones”.

Por último, Amnistía Internacional espera que durante marzo “donde se prevén múltiples manifestaciones, podamos ver una actitud diferente. Porque los dirigentes políticos que predican odio y división, intentando demonizar y minar los derechos de otras personas, se encontrarán en el lado incorrecto de la historia”.