Ayer martes fue formalizado Iván Tapia Maturana, el funcionario de Carabinero dado de baja, luego de ser acusado de estar involucrado en un robo de armas en el retén Valle Hermoso de la comuna de La Ligua.

El ex uniformado fue imputado por los delitos de malversación de instrumentos públicos, porte ilegal de armas y de infracción a deberes militares en grado de consumado en calidad de autor.

El sujeto afirmó en un comienzo que desconocidos atacaron el cuartel policial, robando 1 pistola 9mm., con cargador con 15 cartuchos en su interior. También 1 revolver calibre 38, 2 radios portátiles trunking y 44 cartuchos calibre 38.

Sin embargo, la misma policía uniformada descartó esta versión tras las primeras investigaciones, dando de baja a Tapia. El general de Carabineros Hugo Zenteno aseguró que “aquí no hay montajes; aquí hubo un robo de armamento, donde se utilizó una mala coartada de un ataque al cuartel que no existió”, según consigna Radio Cooperativa.

En la misma línea, agregó que “Carabineros detectó el robo y actuó de inmediato con los equipos especializados y personal territorial. Quien se aparta de la ley no tiene cabida en Carabineros, eso tiene que quedar muy claro”.

Por su parte, el fiscal de La Ligua, Mario Ramírez,detalló que “el funcionario policial involucrado habría estado de acuerdo con otros sujetos, habría facilitado la sustracción de un arma de fuego y, gracias a que cuatro funcionarios policiales llegan al lugar para buscar aceite para el motor de uno de los vehículos policiales, es que finalmente se frustra esta puesta en escena y deriva en hechos más violentos”.

El persecutor precisó también que “contribuyó a la filtración del plan como estaba originalmente planeado, que fue observado por uno de sus colegas desde el segundo piso”.

El imputado no ha prestado declaración hasta el momento, mientras que el Ministerio Público apeló luego de que se rechazara la prisión preventiva del ex uniformado.

Tapia deberá permanecer recluido en la cárcel de Valparaíso mientras se resuelve el recurso de la Fiscalía. Se establecieron 100 días de plazo para la investigación de este caso.