La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, michelle Bachelet, pidió a los gobiernos del mundo liberar a presos poco peligrosos y a los vulnerables, debido a la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

Bachelet afirmó que la enfermedad “ha empezado a afectar a prisiones, cárceles y centros de detención de inmigrantes, así como residencias de ancianos, hospitales psiquiátricos y otros centros de reclusión”.

“Hay un gran riesgo de que afecte a las personas más vulnerables acogidas en esas instituciones. En muchos países los centro de detención están superpoblados, y las personas que albergan están peligrosamente hacinadas”, agregó.

La ex presidenta indicó que “la separación física y el auto-aislamiento en esas condiciones son prácticamente imposibles. Es por ello que hago un llamado a los gobiernos para que actúen de forma urgente para proteger la salud y la seguridad de las personas en detención”.

También aseguró entender que “los gobiernos están bajo mucha presión, que existe una gran demanda de recursos y que tienen que tomar decisiones muy difíciles. No obstante ello, les insto a que no olviden a los que están presos o en lugares como los centros de reclusión para personas con enfermedades mentales, residencias para ancianos y orfanatos. En caso contrario, las consecuencias podrían ser catastróficas”.

Bachelet reiteró que “las autoridades deberían caminos para liberar a aquellos que son particularmente vulnerables al COVID-19, como los reos enfermos y los más mayores”.

En la misma línea, sostuvo que “para reducir drásticamente la población de las prisiones y que el distanciamiento físico sea posible, se debería también considerar la liberación de los presos poco peligrosos. Algunos países ya han empezado a hacerlo”.

“Ahora más que nunca, los gobiernos deberían liberar a todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes”, complementó la ex mandataria chilena.

Asimismo, la Alta Comisionada para los DD.HH. manifestó que “el COVID-19 plantea un enorme desafío a toda la sociedad, al tiempo que los gobiernos toman medidas firmes para imponer el distanciamiento físico. Es vital que esas medidas sean implementadas”.

Por último, aseguró estar “muy preocupada por el hecho de que algunos países estén amenazando con imponer sentencias de prisión para los que no obedezcan. Esto por supuesto puede exacerbar la grave situación en las prisiones y ayudará muy poco a contener la expansión de esta mortal enfermedad. El encarcelamiento debería ser una medida de último recurso, particularmente, durante esta crisis”.