Un revés sufrió en la Cámara de Diputados, la iniciativa del Ejecutivo que tiene como fin descongestionar y evitar el hacinamiento en los recintos penitenciarios, mediante un indulto general conmutativo a causa de la enfermedad Covid-19, y evitar así altos índices de contagio.

La propuesta de la comisión mixta recaído en este proyecto requería para su aprobación de un mínimo de 78 votos favorables, sin embargo, el resultado de la votación fue de 73 votos a favor, 20 en contra y siete abstenciones.

Cabe mencionar que el grueso de la iniciativa legal ya fue aprobado, tanto por la Cámara como por el Senado, lo que incluye la conmutación de penas y parte de la forma en que operará el sistema. Solo quedaban pendientes algunos puntos respecto de los cuales no hubo acuerdo entre ambas Corporaciones y que motivó la conformación de una comisión mixta. Al momento, sobre estas últimas normas no habría ley como efecto del rechazo, situación que solo podría modificarse con la aplicación de un veto de parte del Ejecutivo.

Los parlamentarios oficialistas que se opusieron a la norma manifestaron diferentes razones para justificar su rechazo. En el caso de la UDI, algunos parlamentarios consideran que este proyecto atenta contra el derecho de igualdad ante la ley. Por ejemplo, el diputado Sergio Bobadilla consideró la norma discriminatoria, por no considerar a los exmilitares encarcelados por violaciones a los DD.HH., particularmente, los de Punta Peuco. Insistió que seguirá rechazando el proyecto, si el Gobierno mediante un veto, no considera la igualdad de trato.

Mientras, algunos parlamentarios RN solicitaron que el beneficio alcanzara a los adultos mayores con enfermedades crónicas. “Pedimos que se evaluarán, uno a uno, los casos con criterios específicos” -incluso a personas que cumplen penas menores a los 5 años-, expresó el diputado Luis Pardo. Cabe recordar, que dicho sector presentó una indicación en la Comisión de Constitución, la que no tuvo respaldo del Ejecutivo, ni de la oposición.

El diputado Leonardo Soto (PS) consideró grave el rechazo del artículo 8, relativo al mecanismo de control de Gendarmería respecto del nivel de cumplimiento de la pena conmutada por el indulto (reclusión domiciliaria total o parcial), porque “de aprobarse la norma como salió de la Cámara, las personas van a salir directamente a la calle, en completa libertad, sin que Gendarmería tenga ninguna herramienta de fiscalización o para supervisar el cumplimiento; o devolverlos a la cárcel, si cometen nuevos delitos, es decir, salen en completo chipe libre”.

Por su parte, la diputada Natalia Castillo (RD) lamentó el rechazo de la derecha y que no se considere la urgencia, donde ya hay un reo contagiado por Coronavirus. “Con este rechazo, la ley es impracticable. Lo que hicieron fue dejar a Gendarmería sin poder controlar a las 1.314 personas que podría favorecer esta ley. Yo llamó al Presidente a subsanar el error que cometieron sus diputados y diputadas. Un hecho deliberado de querer botar este proyecto solo porque no incluye a los violadores de DD.HH”, enfatizó.

En tanto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, consideró “extraordinariamente grave” este rechazo de un grupo de parlamentarios de la Cámara.

“Es un indulto humanitario de carácter sanitario, es decir, lograr que la población de riesgo, personas ancianas, mujeres embarazadas o madres con hijos menores de 2 años, que viven en los recintos, puedan cumplir su pena pero con arresto domiciliario. Lo que ha ocurrido hace imposible que esto suceda (…), porque si esas personas lo incumplen no hay ninguna sanción”, recalcó.

Planteó que sería muy irresponsable que el Gobierno apoyara este indulto tal cual está quedando sin la mencionada norma, “porque significaría que 1.300 personas, que hoy día están privadas de libertad porque han sido condenadas, queden absolutamente libres, ya que el arresto domiciliario incumplido no tiene consecuencias”.

Respecto al argumento de quienes rechazaron la norma, Larraín aclaró que las personas que quedan excluidas son por cierto tipo de delito y no por su nombre y apellido, ni por su profesión u oficio.

“Yo lo encuentro un argumento falaz, porque nos están algunos, le vamos a negar a 1.300 personas la posibilidad de salir, eso ya, en sí mismo, es grave. Y segundo, porque es falso, porque aquí no hay personas favorecidas o perjudicadas, hay personas que han cometido ciertos delitos sancionados por los tribunales, que no tienen acceso al beneficio”, precisó.

El secretario de Estado indicó que estudian alternativas, entre ellas, un veto aditivo, que busque reponer ciertas disposiciones que permitan hacer viable el proyecto.

“No podemos sacar personas de la cárcel por un hecho objetivo, que es la situación de pandemia, pero dejarlos en libertad, eso no lo podemos hacer”, explicó.