El Ministerio Público, junto a otros organismos del Estado, concurrió ayer a la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, instancia en que las partes “acordaron instar por reducir el número de imputados en prisión preventiva, en la medida de lo posible, con el fin de descongestionar las cárceles”, en medio de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

En ese contexto, la Fiscalía de Chile precisó que “los fiscales del Ministerio Público concurrirán a todas las audiencias de revisión de prisiones preventivas, que sean decretadas por los tribunales de Justicia o solicitadas por las respectivas defensas. Con estos fines se han implementado los medios tecnológicos que permitan la comparecencia remota a las mismas, a fin de disminuir las posibilidades de contagio que conllevan las de carácter presencial”.

“El Ministerio Público tendrá en especial consideración las condiciones por las que atraviesan el país y los recintos penitenciarios, a fin de concordar la sustitución de prisiones preventivas por arrestos domiciliarios totales, solo en los casos en que no exista mayor riesgo para las víctimas ni para la sociedad cuando se modifique la medida cautelar ya mencionada”, especificó en un comunicado.

Además precisó que se considerará “las circunstancias personales de cada imputado y las condiciones carcelarias en que se encuentra. No obstante, se opondrá a la sustitución de la prisión preventiva cuando se trate de personas investigadas como autores de delitos graves o gravísimos”.

“En ese contexto, los fiscales analizarán caso a caso la conformidad u oposición a la sustitución de la prisión preventiva, teniendo siempre presente, además, los intereses de a la víctima y de la sociedad, que son los intereses que el Ministerio Público está llamado a resguardar”, apuntó.

“La Fiscalía de Chile instará por el más estricto cumplimiento de las medidas cautelares sustituidas y pedirá su inmediata revocación cuando éstas sean incumplidas”, concluyó.