La senadora Yasna Provoste (DC) anunció que presentará un “proyecto para que aquellas personas que no puedan pagar sus cuentas de servicios básicos por problemas económicos o de acceso puedan reprogramar sus deudas entre 12 y 24 meses sin interesas y multas”, debido a la crisis por el Coronavirus (COVID-19).

Además, la iniciativa incluye que “un porcentaje de estas cuentas puedan ser cubiertas con subsidio público y otra parte por las propias empresas. En el caso de las cuentas eléctricas, por generadoras, transmisoras y distribuidoras”, agregó la parlamentaria.

Provoste señaló que “el acuerdo del Gobierno con las empresas del sector eléctrico y de otros servicios básicos nos parece insuficiente”.

“Se limita al 40% más pobre de la población, pero sabemos que la situación afectará gravemente a muchos otros. Adicionalmente ya se inició el periodo en que se cobra de manera adicional por sobre consumo de invierno, lo que resulta absurdo cuando le estamos pidiendo a la gente que se quede en sus casas y por lo tanto están los grupos familiares completos todo en día en los hogares” afirmó la legisladora.

De igual manera, Provoste explicó que “es evidente que habrá sobre consumo y no podemos castigar esa situación en un periodo como este”.

“Hemos propuesto una fórmula de manera formal al gobierno y lo ingresaremos como proyecto en los próximos días, para que aquellas personas que no puedan pagar sus cuentas de servicios básicos por problemas económicos o de acceso puedan reprogramar sus deudas entre 12 y 24 meses sin interesas y multas y que un porcentaje de estas pueda ser cubierto con subsidio público y otra parte por las propias empresas. En el caso de las cuentas eléctricas, por generadoras, transmisoras y distribuidoras” detalló la senadora DC.

Asimismo, Provoste comentó que la idea es aportar una solución concreta para los 3 servicios básicos de electricidad, agua y gas.

“El objetivo es que el 50% lo asuma el cliente final, cancelando el monto adeudado en las cuentas de los próximos 12 o 24 meses sin intereses ni cargos adicionales de ningún tipo; un 25% lo asume el estado a través de un subsidio; y el 25 % restante lo asumen las empresas, en el caso eléctrico considerando asignación en proporción a los segmentos (generación, transmisión, distribución)”, concluyó la parlamentaria.