El senador Alejandro Navarro (PRO) criticó el apoyo entregado por el director para América de Human Right Watch (HRW), José Miguel Vivanco, al Presidente Sebastián Piñera, en relación a las declaraciones realizadas por el mandatario sobre la ley humanitaria y la posibilidad que pueda extender indultos a reos de Punta Peuco.

A través de su cuenta de Twitter, Vivanco señaló que estaba “totalmente de acuerdo” con la idea, porque a su juicio, “lo contrario podría constituir un trato cruel e inhumano”.

En ese contexto, el presidente de la comisión de DD.HH. de la Cámara Alta manifestó que “el respaldo de Vivanco a Piñera es el apoyo a una ley que permite dar libertad a condenados por crímenes de lesa humanidad, tortura desapariciones y tratos inhumanos y degradantes. Piñera está secuestrado por el pinochetismo en La Moneda, y eso le hace un daño enorme a la memoria nacional”.

El senador del PRO agregó que “el apoyo del director de HRW a Piñera es el ticket de salida para los amigos de Krassnoff. Los presos de Punta Peuco ya cuentan con las condiciones óptimas para evitar contagios de COVID-19 al interior y además para cumplir sus condenas. Si salen de Punta Peuco será para que no vuelvan, y eso peligroso para nuestra democracia”.

“El gobierno porfía en la ley humanitaria en medio de la mayor crisis pandémica que cobrará muchas vidas. Yo sólo espero que el gobierno no insista con un proyecto de ley que se debate en la comisión de derechos humanos, mientras hay otras urgencias para el país. No estoy disponible para poner en tabla ese proyecto en el trabajo de la comisión”, indicó Navarro.

Cabe recordar que desde el Partido Progresista anunciaron este fin de semana que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para declarar la nulidad total de la llamada “ley humanitaria”.

Desde la colectividad, indicaron que es “si la derecha en el Gobierno y el parlamento insisten en su maniobra de impunidad y ella se consuma, anunciamos desde ya que recurriremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para declarar de nulidad absoluta la llamada ‘Ley Humanitaria’, basados en la certeza de que las facultades de los órganos co–legislativos chilenos y la facultad de otorgar indultos por el Presidente de la República están restringidas en casos de crímenes contra la humanidad”.