Con especial preocupación en “la protección del empleo”, así como “los procedimientos, celeridad y focalización” de los recursos de los créditos Fogape para las pequeñas y medianas empresas, la Sala del Senado despachó por 42 votos a favor y 1 abstención, el proyecto que capitalizará dicho fondo en US$ 3.000 millones.

La iniciativa quedó así en condiciones de cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputados. A través del proyecto, los bancos que tengan acceso al financiamiento del Banco Central, podrán otorgar créditos para capital de trabajo por hasta US$24.000 millones. La medida regirá hasta abril de 2021.

De este modo, se flexibiliza los requisitos para acceder a estas líneas de créditos que tendrán por ley una tasa que no superará la TPM del Banco Central de 0,5% más 3%, es decir que bajo las actuales condiciones la tasa nominal no superaría el 3,5%.

Podrán postular empresas con ventas netas anuales de hasta 1 millón de UF (casi $30 mil millones), y los exportadores. Esto significa que podrán postular prácticamente el 99,8% de todas las empresas del país que otorgan el 84% del empleo formal. Esta línea tendrá 6 meses de gracia y será pagadera en cuotas durante un período que irá entre 24 y 48 meses.

Durante el debate hubo amplia coincidencia en valorar este segundo paquete de medidas y ayudas a las pymes, “uno de los más significativos de las últimas décadas” y que apunta a uno de los temas críticos: “entregar recursos frescos a las empresas” que son las que generan más del 80% del empleo en el país, para que puedan sostener sus operaciones durante los próximos 2 o 3 meses, los más duros de la pandemia.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, recalcó su esperanza de que este proyecto esté despachado a la brevedad puesto que “las empresas necesitan estos recursos desde hace semanas”, aludiendo así a la compleja situación que atraviesan las empresas no solo con la crisis sanitaria, sino que arrastran vulnerabilidades desde octubre pasado, con el denominado estallido social.

Gran parte de los argumentos también se dividieron entre la necesidad de asegurar que “los bancos lleguen efectivamente con los créditos a las pymes” sin caer en la tentación fácil de “otorgarlos solo a las grandes empresas” y la preocupación por “los desbancarizados”, donde la mayoría de los parlamentarios expuso sus aprensiones y llamó al Ejecutivo a dedicar esfuerzos para otorgar apoyo a los independientes y los trabajadores informales, pues “si se decreta una cuarentena estos trabajadores tienen que tener recursos en sus bolsillos para sobrevivir”.

Asimismo, no faltaron críticas y desconfianzas hacia el rol de la banca, incluyendo a Banco Estado, incluso algunos recordaron su desempeño con motivo de los créditos CAE y recalcaron la necesidad de que el Reglamento de esta ley incorpore criterios para que los fondos lleguen focalizadamente según tamaño y ubicación de las empresas, para que las regiones no queden desplazadas.