Su inquietud por el cumplimiento del pago de pensiones de alimentos en la contingencia económica-sanitaria manifestaron las integrantes de la Comisión especial de la Mujer y Equidad de Género del Senado a la ministra (s) del ramo, Carolina Cuevas, a quien le plantearon que existiría un vacío legal en la ley de protección al empleo que no garantizaría el cumplimiento de esas obligaciones.

Según manifestaron, una vez que los trabajadores se acogen a la ley y comienzan a recibir como ingresos su seguro de cesantía, no se podrían descontar de esos recursos los correspondientes a pensiones de alimentos.

Cabe recordar que cuando hay una sentencia por pago de alimentos, el tribunal la envía al empleador y éste retiene de las remuneraciones el porcentaje que corresponde a la remuneración. Al acogerse a la ley de protección al empleo es la Administradora del Fondo de Cesantía (AFC) la que paga el seguro de cesantía y no está establecido que ésta retenga el porcentaje correspondiente a la pensión de alimentos, generándose allí una suerte de vacío.

En tal sentido, fue la senadora Yasna Provoste la que advirtió del tema a sus pares de la Comisión, las que adhirieron al planteamiento y pidieron a la ministra (S) que se evalúen diversas alternativas de solución, aunque ya hay una propuesta elaborada por la legisladora que se analizará en estos días.

Según la presidenta de la Comisión, senadora Adriana Muñoz, se podría resolver este tema en el contexto de una comisión mixta que está resolviendo algunas diferencias que quedaron pendientes durante la tramitación de la nueva ley, aunque también existe la posibilidad de presentar una iniciativa regulando este tema.

Otro de los puntos que analizó la Comisión Especial de la Mujer y Equidad de Género es lo relativo al Programa 4 a 7 que va en apoyo de las madres trabajadoras que tienen niños entre 6 a 13 años de edad. Este programa requiere del apoyo de algunos colegios, pero como los establecimientos educacionales están cerrados por la contingencia sanitaria, no se estaría ejecutando.

Es por ello que la Comisión acordó oficiar al Ministro de Hacienda para manifestarle la inconveniencia de suspender este programa y de paso, afectar a las personas que trabajaba en el mismo. En tal sentido, plantearon que se tomen medidas para resguardar a las trabajadoras y consultaron si el programa de impacto fiscal afecta a otros programas similares.

Del mismo modo, oficiaron a la Contraloría para solicitarle su opinión sobre el tema.

Tanto las senadoras como la ministra (s) acordaron que seguirán monitoreando los temas de contingencia que se han generado a raíz de la pandemia y estarán atentas, por ejemplo, al comportamiento de las denuncias por violencia intrafamiliar.

La instancia también continúo con el análisis del proyecto de ley Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, avanzando en la definición de los diversos tipos de violencia.

En tal sentido, se definió que será violencia simbólica, la que a través de mensajes, imágenes, significados y representaciones transmite reproduce y naturaliza, relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres en la sociedad.