La Fiscalía de Atacama formalizó a tres integrantes de una banda dedicada al cultivo, tratamiento, dosificación y venta de marihuana, quienes operaban principalmente en la Región de Atacama.

De acuerdo a los antecedentes de la causa, la investigación fue dirigida por el fiscal especialista de delitos de droga, Leonel Ibacache, quien junto a personal de la unidad OS-7 de Carabineros, indagaron por varios meses los antecedentes con los que se contaban y que daban cuenta de esta plantación de cannabis sativa en un sector cordillerano.

Las diligencias permitieron establecer que la banda generó un cultivo ilegal de marihuana junto a un campamento ubicado a 2.470 metros sobre el nivel del mar en una zona conocida como “Quebrada Vaca Muerta”, distante a cuatro horas de Copiapó, lugar en que además habían construido un embalse de agua con el que habilitaron un sistema de regadío por goteo.

Del mismo modo, el trabajo investigativo permitió establecer que una vez que la droga era procesada era trasladada a un lugar de acopio ubicado a 8 kilómetros de la zona de cultivo, y desde ahí hasta cinco domicilios del sector Paipote en la capital regional, viviendas en que la marihuana era distribuida para su posterior venta en la región.

Hasta los mencionados sectores cordilleranos se trasladaron funcionarios del Gope y OS-7 de Carabineros, logrando reunir importante evidencia que fue agregada a la carpeta de investigación de este caso. Procediendo luego a la entrada y registro de las casas en que la droga era distribuida, lugar en que se detuvo a tres imputados, mientras que como parte de la evidencia reunida se cuentan 27 kilos 909 gramos de marihuana, un rifle de aire comprimido, una munición calibre 7, un vehículo, dinero en efectivo, además de otros medios de prueba relacionados con la comisión de este delito.

Los tres detenidos fueron formalizados en una audiencia que fue asumida por el fiscal Sebastián Coya, quien presentó cargos por el delito de tráfico ilícito de droga, obteniendo la prisión preventiva de los imputados por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad, además de fijar el Juez de turno un plazo de cuatro meses para el cierre de esta causa.