Dieciocho personas fueron detenidas en el marco de una investigación por corrupción, relacionados a la licitación de instalación de luminaria pública LED, en los municipios de Chillán e Iquique.

Desde 2018 que la Fiscalía de Tarapacá investiga hechos de corrupción relacionado a la licitación de instalación de luminarias públicas LED en esa ciudad, donde el monto involucrado alcanzaría los $11.000.000.000, según información de Radio Bío Bío.

La indagación, que se había mantenido bajo una estricta reserva, por la participación de varios funcionarios públicos en la licitación del proyecto que se adjudicó el 12 de junio de 2018 a la empresa Itelecom.

La mañana del miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó las oficinas de la Municipalidad de Iquique y otras dependencias, donde se incautó teléfonos celulares, facturas y distinta documentación.

Además, se detuvo a cuatro concejales de esa comuna que están siendo investigados por los delitos de cohecho, lavado de activos y violación de secreto.

Se trata de los ediles Arsenio Lozano, del Partido Radical; Mitchel Cartes, del Partido Socialista; Felipe Arenas, de la Unión Demócrata Independiente, y Guillermo Cejas, independiente, cercano al senador Jorge Soria.

Al respecto, el fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Guerrero, señaló que se mantendrá en secreto la investigación hasta el viernes, cuando se realice la formalización.

“Lo que estamos investigando son delitos de cohecho, violación de secretos y lavados de activos. Hasta este minuto, atendido a la naturaleza de uno de los ilícitos que se investigan, que es el lavado de activos, y conforme lo autoriza la propia ley que establece estas figuras penales, he decidido decretar el secreto de la investigación”, sostuvo.

Por otra parte, en un operativo similar en la región del Ñuble, la PDI allanó las oficinas de la municipalidad de Chillán, donde se detuvo al administrador municipal, Ricardo Vallejos.

En tanto, en Pemuco, se capturó al exdirector jurídico de ese municipio y actual juez de policía local, Marcelo Campos. Estos últimos, investigados por los delitos de cohecho y violación de secreto, también relacionado por la licitación de luminarias públicas LED por un total de $3.900 millones, que también habría sido adjudicado a la empresa Itelecom.

“En el marco de una licitación pública realizada en la ilustre Municipalidad de Chillán, lo que llevó a esta Fiscalía a solicitar ordenes de detención, ordenes de entrega y registro en distintos domicilios y también realizamos una entrada y registro en la Municipalidad de Chillán. Se encuentran además dos personas detenidas que son funcionarios públicos”,señaló la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla.

De acuerdo a Radio Bío Bío, otro funcionario municipal de Chillán fue seguido hasta Santiago, donde recibió dinero de parte de un ejecutivo de la empresa Itelecom, luego se devolvió, y todo era monitoreado por la Policía de Investigaciones, quienes lo detuvieron la noche del martes con el dinero.

Mientras tanto, en la región Metropolitana, se detuvo a Marcelo Lefort, el representante legal de la empresa en cuestión, quien es investigado por soborno.

Itelecom es una compañía nacional con presencia en países como Colombia, México y Estados Unidos, que ha ganado distintas licitaciones en comunas como San Joaquín, Til Til, Vilcún, Curanilahue, San Esteban, Curacaví, Las Condes, Ñuñoa, Santa Juana y Recoleta, entre otras.

Pese al trabajo en conjunto de las fiscalías en los allanamientos y capturas de estas personas, las investigaciones que llevan adelante son completamente independientes.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel aseguró que la intervención de funcionarios públicos en estos hechos “son gravísimos”.

“Esperamos que la justicia pueda actuar con prontitud porque efectivamente cuando hay caudales públicos o funcionarios públicos involucrados, son hechos gravísimos que defraudan la confianza y la fe pública y esperamos el máximo rigor y las máximas sanciones”, adujo.

Asimismo, recordó que en 2018 fue aprobada una ley para aumentar las sanciones asociadas a los delitos funcionarios. “Esperamos que se aplique la ley y se aplique con mucho rigor”, apuntó.