Cuatrocientos millones de pesos es el monto que el Juzgado de Garantía de Graneros estableció como fianza para que el dueño de la flota de buses Línea Azul, Marcelo Hernández, pueda acceder a la sustitución de su prisión preventiva por tratarse de una persona de riesgo de contagio de Covid-19.

La cifra fue discutida este viernes luego que ayer la Corte de Apelaciones de Rancagua, en fallo unánime, acogiera el recurso de amparo a su favor, que buscaba reemplazar la máxima de las cautelares por arresto domiciliario, arraigo nacional y el pago de una caución económica, durante el periodo de pandemia.

En la instancia, el Ministerio Público pidió que la fianza alcanzara los $980 millones, sin embargo, el tribunal no acogió la pretensión de la fiscalía y rebajó a $400 millones.

La resolución, sin embargo, será apelada por la defensa de Hernández –encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez- quien calificó como “desproporcionado” el monto económico establecido, aun cuando el tribunal de alzada ordenó cambiar el régimen cautelar durante el tiempo de crisis sanitaria.

De esta manera, Hernández permanecerá en prisión preventiva a la espera del pronunciamiento del tribunal de alzada.

“El tribunal de garantía de Graneros ha fijado una caución equivalente a $400 millones en una hipoteca sobre bienes raíces, prenda sobre valor inmobiliario, participaciones accionarias, dinero en efectivo o un mix de todas aquellas, para hacer cumplimiento del fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua que acogió nuestro recurso de amparo y dispuso que durante el tiempo en que dure la pandemia, don Marcelo Hernández debe salir de la cárcel e irse a arresto domiciliario total a Chillán”, detalló al respecto Manríquez, enfatizando que “la Fiscalía pedía y exigía una fianza cercana a los mil millones de pesos, lo cual es una muestra más del completo afán persecutor y desproporcionado que ha tenido con Marcelo Hernández”.

Asimismo, agregó que “esta resolución viola el artículo 9.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 19.7 de la Carta Fundamental y además desoye en parte importante los motivos de la Corte de Apelaciones de Rancagua”.

“Prepararemos los recursos del caso y sin perjuicio de eso, trabajaremos en configurar una fianza que esté acorde a la real capacidad de nuestro representado puesto que, de lo contrario, lo que se hace es burlarse de la Constitución y de la Ley”, puntualizó.

Ayer, la Corte de Apelaciones de Rancagua acogió el recurso de amparo presentado por la defensa de Hernández “atendido a su edad, condición de salud y riesgo de contagio de Covid-19 debido a la nula atención que se le había dado en relación en estar en este segmento de población de riesgo”, dijo Manríquez, recalcando que la decisión del tribunal también consideró “la prolongación indebida que ha significado su prisión preventiva, según se ha estado reclamando reiteradamente hasta llegar a constatarse lo que -a nuestro juicio- fue un trato inhumano, cruel y degradante que permitió hacer aplicación directa de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Cabe recordar que Marcelo Hernández es investigado por su presunta responsabilidad en el accidente ocurrido en San Francisco de Mostazal, que dejó 6 personas fallecidas en agosto de 2019.