El senador José Miguel Insulza (PS) impugnó en Contraloría, junto a su par Felipe Harboe (PPD), el Decreto que confería nuevas facultades a inspectores municipales, como una ayuda a la fiscalización de personas en medio de la pandemia por COVID-19.

El senador PS indicó que la iniciativa que el Gobierno retiró ayer lunes desde Contraloría, contenía algunos puntos inconstitucionales, ya que la facultad de fiscalizar o de hacer controles de identidad no corresponde a una labor de funcionarios municipales,

Insulza aseguró que eran “funciones que en muchos casos, tenían que ver con cuestiones que estaban reservadas a la autoridad policial”.

“Nosotros hicimos presente al contralor, las dudas de legalidad que esto nos provocaba, señalando que entregar atribuciones que no tienen determinadas autoridades en la Constitución, debe hacerse de acuerdo con la ley, debe legislarse sobre esto”, relató el parlamentario.

Por lo tanto, según el legislador, “el Presidente de la República podría hacer una de dos cosas, o redefinir las atribuciones, diciendo muy claramente cuáles serán las formas en que pueden actuar los funcionarios municipales, sin involucrarse en la potestad de la policía; o bien enviar una ley”.

Para finalizar, Insulza indicó que si bien no estaba claro lo que piensa hacer el Presidente, “por el momento me parece una cosa positiva que haya retirado el decreto”.