La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, junto al ministro de Economía, Lucas Palacios, entregó esta mañana un nuevo balance de las cifras de empleo, que incluyó la actualización a abril de las cartas de despido ante la Dirección del Trabajo (DT) y los primeros datos de trabajadores acogidos a Pactos de Reducción Temporal de jornada de Trabajo.

Según detalló, las cartas de despido sumaron en abril un total de 238.115, cifra 11,4% mayor a la del mismo mes de 2019, ratificando una tendencia al alza que se viene experimentando desde octubre pasado. Pese a ello, la cifra muestra 61 mil cartas menos que las registradas en marzo de este año.

Entre las principales causales esgrimidas, destacan la de “Necesidades de la Empresa” con 66.024 contratos (27.842 o 72% más que el mismo mes del año anterior) y “Vencimiento de plazo fijo de contrato” con 83.265 casos (19.672 o 30% más que en abril de 2019).

La causal “Caso fortuito o fuerza mayor” representa un alza interanual del 508%, sin embargo, implica solamente 1.812 cartas de despido, al igual que la causa “procedimiento Concursal de Liquidación” que creció 1.400% pero que implica 375 casos.

La ministra puntualizó que las actividades económicas con mayores alzas porcentuales fueron Transportes y Almacenamiento con 53% de aumento (9.965 cartas de despido), Construcción con un 16% (58.548 contratos), Servicios Administrativos con 11% (32.849). 

“Como ustedes ven estamos viviendo una situación en materia de empleo, de la cual debemos ocuparnos, existiendo un número importante de cartas de despido. Creemos que estas no han ido aumentando producto de la Ley de Protección del Empleo, que ha permitido darle cobertura a cerca de 500 mil personas. Si uno hace un análisis de las actividades productivas, en las que mayoritariamente se están suspendiendo los contratos, uno ve que no dice relación con aquellas en las cuales se está desvinculando y esto quiere decir que ha sido una alternativa para estas empresas”, indicó Zaldívar.

De acuerdo a los últimos datos entregados por la Superintendencia de Pensiones, al 8 de mayo, un total de 80.498 empresas, se han acogido a la suspensión de contratos ante la AFC, ya sea por acto de la autoridad o pactada, con solicitudes aprobadas para 459.155 trabajadores.

Así, entre el 30 de abril y el 8 de mayo, se efectuaron 267 mil primeros pagos por suspensiones, por un monto promedio de $421 mil en el caso de contratos a plazo indefinido. En contratos a plazo fijo, se han realizado 38 mil nuevos pagos por un monto promedio de $ 312 mil.

El Gobierno destacó que existen otras 8.059 solicitudes de suspensión en trámite y 85.337 fueron rechazadas, principalmente por errores en la petición (71%) o incumplimiento de los requisitos (28%).

A ello se suman otras 12.386 solicitudes de empleados (as) de casa particular, para acogerse a la suspensión de contrato, con cargo a los fondos de Indemnización en las AFP.

La ministra entregó igualmente las primeras cifras de Pactos de Reducción Temporal de Jornada registrados ante la DT.

Según estas, unas 3.104 empresas han firmado pactos de este tipo con un total de 17.508 trabajadores acogidos. La mayor parte pertenece a la Región Metropolitana (60,9%) y Valparaíso (12,3%).

Los sectores con mayor número de pactos de este tipo son Actividades de servicios administrativos y de apoyo, con 3.988 (22,78% del total); le sigue Comercio al por mayor y al por menor, y Reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 3.429, es decir, el 19,59%; y Actividades profesionales, científicas y técnicas con 2.011 pactos, es decir, es 11,49%, del total.

En el caso de las suspensiones, según actividad económica, el 24,3% (111.803 personas) provienen del sector Comercio al por mayor y al por menor, y reparación de vehículos; el 21,7% (99.866) de actividades de alojamiento y del servicio de comidas; el 14,8% (67.968) de la Construcción; el 8,4% (38.577) de la Industria Manufacturera; el 5,8% (26.522) de actividades de servicios administrativos y de apoyo; 5,5% (25.310) de transporte y almacenamiento y el 3,8% (17.373) de actividades profesionales, científicas y técnicas.

En cuanto al tamaño de la empresa, el 99% de las solicitudes presentadas corresponden a firmas con menos de 200 trabajadores (76% de ellas entre 1 a 10 trabajadores) y solo el 1% a las denominadas grandes empresas.

Por sector geográfico, la mayoría de estas solicitudes aprobadas se concentran en la Región Metropolitana (65,9%), Valparaíso (5,9%), La Araucanía (5,1%), BioBío (4,8%) y Los Lagos (3%).

La ministra resaltó la labor de fiscalización del cumplimiento estricto de esta ley y recordó que “los beneficios que hemos establecido no pueden ser mal utilizados”. En ese marco, informó que a la fecha la DT registra un total de 26 denuncias relacionadas a la Ley de Protección del Empleo, la mayoría de ellas por “no cumplir con pactos celebrados de conformidad a la Ley”.

Sin perjuicio de ello, durante marzo y abril, la DT efectuó más de 9 mil fiscalizaciones en todo el país, con sanciones por más de $ 4.500 millones, tanto de manera proactiva como en respuesta a las denuncias. Las tres materias más sancionadas por la DT fueron: Higiene y Seguridad, Jornada de Trabajo y casos en que el empleador no presta colaboración con la fiscalización.

“La Ley de Protección al Empleo es una importante herramienta para evitar llegar a una tasa de desempleo mayor. Cerca de 80 mil empresas han optado por una alternativa distinta que una desvinculación, que es suspender los contratos de sus trabajadores, quienes reciben el pago de un ingreso y mantienen sus puestos de trabajo. Lo que tenemos que buscar es, través de esta Ley, proteger a los trabajadores y proteger sus puestos de trabajo, para que una vez que haya terminado la pandemia y podamos volver a reactivar la economía, todos estos trabajadores vuelvan a sus puestos que tenían antes de comenzar la crisis”, destacó la ministra Zaldívar.